La sala del juicio está ubicada dentro del polígono Son Rossinyol, donde hasta finales de junio será sede del juicio oral del caso contra 18 personas, por el entramado de presunto desvío de recursos públicos de los gobiernos de Islas Baleares, Comunidad Valenciana y otros.
El espacio permanecerá vigilado por unos 200 agentes de la Policía Nacional, informó la Delegación del Gobierno en Islas Baleares, que aseguró que todo está preparado para la realización del juicio.
La sala del juicio estará presidida por la magistrada presidenta Samantha Romero, y sus compañeras Rocío Martín y Eleonor Moyá, acompañadas del letrado de Justicia, Luis Márquez de Prado.
De frente estarán sentados, en tres filas de seis sillas cada una, los acusados y en la tercera fila hasta el final estará la infanta Cristina de Borbón, la segunda hija de los reyes Juan Carlos y Sofía, y hermana del rey Felipe VI.
En esas sillas estarán Urdangarin, su exsocio Diego Torres, el expresidente de Islas Baleares, Jaume Matas, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, entre otros.
Justo al lado derecho de la infanta Cristina estarán los únicos 15 periodistas que podrán entrar a la sala, a condición de no introducir teléfonos, tabletas, grabadoras o cámara, solo podrán pasar un cuaderno para tomar notas.
Frente a los periodistas estarán los fiscales y los abogados de las acusaciones, tanto particulares como del Estado, en especial de Hacienda.
En el otro extremo frente a ese grupo estarán las defensas de los acusados y a su lado unas 36 sillas para ciudadanos que podrán acceder según el orden de llegada al lugar.
En una de las paredes de la sala, que verán de frente todos los asistentes, estará una fotografía del rey Felipe VI, hermano de la infanta que el lunes se sentará entre los acusados.
En el juicio se prevé que comparezcan unas 300 personas entre testigos y demás personas llamadas por las partes.
La cobertura informativa la seguirán en una sala de prensa habilitada en otra área de la Escuela Balear de Administración Pública, en los que estarán los casi 600 periodistas de 90 medios de comunicación.
En este caso, Urdangarin y Torres son los principales acusados, al encabezar el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las que realizaban con los gobiernos balear y valenciano, y a través de los que se transferían fondos públicos.
Los delitos por los que están acusados son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.
Mientras, la hermana de Felipe VI está acusada como “cooperadora necesaria” de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por esposo en 2007 y 2008.