La Secretaría de Gobernación municipal tiene proyectada una lista de alrededor de cien inspectores de Vía Pública para que apliquen pruebas de control y confianza similares a las que se realizan a personal de seguridad pública en todo el país, esto como parte de la estrategia que el titular, Manuel Castañeda Rodríguez,propuso para acabar con la red de corrupción al interior del Ayuntamiento de Puebla y donde puso como garantía su permanencia en el cargo.

El funcionario municipal dijo estar dispuesto a realizar las pruebas de control y confianza como ejemplo a los servidores públicos que están en contacto directo con los comerciantes de la capital, y por lo tanto, más expuestos a caer en actos de corrupción como los que detectó la Contraloría municipal el mes pasado.

“Principalmente al personal de Vía Pública, que serían los que tienen contacto con la gente en los operativos y quienes estarían obligados en este caso a someterse a este examen de control y confianza. Son alrededor de cien personas más o menos”.

Aunque no tienen una cotización de lo que costará al Ayuntamiento la aplicación de estas pruebas, confió que sea menor al que se cobra por cada elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), al señalar que hay pruebas que forman parte de este control que no son necesarias, como la aplicación de pruebas físicas.

Las pruebas serán aplicadas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, dependencia encargada de aplicar las pruebas al personal de seguridad que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y para el personal de Gobernación contemplan exámenes toxicológicos, polígrafo y psicométricos.

Gali da luz verde a pruebas en otras áreas

Por su parte el alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, dio “luz verde” a la iniciativa que propuso el secretario de Gobernación durante su comparecencia y abrió la posibilidad de extender la aplicación de estas pruebas de control y confianza a otras áreas del Ayuntamiento como la Tesorería o la Dirección de Normatividad.

Confió que estas pruebas puedan iniciar en 15 días con pequeños grupos de cinco a siete servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y agregó que se buscará reducir costos al eliminar las pruebas que no sean necesarias de acuerdo al perfil de cada funcionario.