Aunque la reforma al artículo 104 de la Constitución de Puebla, abre la posibilidad de entregar al gobierno las facultades de operar y/o concesionar los servicios públicos municipales a agentes privados, con lo que se pondría en riesgo la autonomía municipal establecida en el artículo 115 de la Constitución Mexicana, la iniciativa contiene un candado para que la administración estatal asuma estas atribuciones, pues estará condicionada al voto de la mayoría calificada del Congreso, por lo que las bancadas morenovallistas no podrían aprobar por sí solas esta nueva disposición entre municipios y estado, al no alcanzar las dos terceras partes del Legislativo local.

De acuerdo con versiones extraoficiales, este proyecto legislativo presentado el pasado 3 de junio e impulsado por los diputados del PAN, Jorge Aguilar Chedraui y Salvador Escobedo, tiene el objetivo de replicar el modelo de desarrollo económico de la zona Angelópolis —demarcación que incluye a los municipios de Puebla, San Pedro, San Andrés Cholula y Cuautlancingo— para la zona de San José Chiapa, en donde se instalará la planta armadora Audi.

El objetivo será controlar,a través de un acuerdo metropolitano o conurbado, el uso de suelo de los municipios aledaños a la Chiapa, como Nopalucan y Lara Grajales, para así controlar el desarrollo urbano de la zona, así como la homologación de los servicios municipales y así evitar conflictos territoriales como los que se presentaron en la zona metropolitana de la capital.

Comunas solicitarán que el Estado asuma el control

El tercer párrafo de la propuesta de reforma estipula a la letra que “el Congreso del Estado, mediante Decreto, autorizará que el Gobierno del Estado, a solicitud de los ayuntamientos de los Municipios que integran una zona conurbada o metropolitana, asuma directamente la prestación de los servicios públicos municipales, o bien se presten o ejerzan, coordinadamente y de forma integral entre el Gobierno del Estado y los municipios a través de organismos públicos creados al efecto, previéndose la participación de los sectores social y privado, en términos de la legislación aplicable”.

El candado se establece en el cuarto apartado que se pretende adicionar al artículo 104 de la Constitución poblana, ya que estipula que “para la aprobación, modificación o extinción del decreto o los convenios a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá el voto de al menos las dos terceras partes del Congreso del Estado”, es decir de 28 de 41 diputados locales.

En la justificación del proyecto, se establece que la presente reforma busca fortalecer los mecanismos constitucionales descritos, con la pretensión de otorgar firmeza a los marcos o estructuras que acuerden los ayuntamientos para la obtención de un desarrollo urbano, ecológico y social de los participantes de una zona conurbada.

Morenovallismo no alcanza la mayoría

En la actualidad las fracciones morenovallistas, integradas por los 27 diputados locales (14 del PAN, cuatro del PRD, cuatro de Nueva Alianza, cuatro de Compromiso por Puebla y una del PSI), no alcanzarían la mayoría calificada para que el Gobierno del Estado pueda “asumir directamente la prestación de los servicios públicos municipales por tiempo indefinido” a petición de los ayuntamientos que signen convenios metropolitanos, ya que les faltaría un voto para poder alcanzar las dos terceras partes.

En la actualidad el artículo 115 de la Constitución Mexicana, en su numeral III, estipula que “cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio”.

A la fecha, la iniciativa de Aguilar Chedraui y Escobedo Zoletto no ha sido discutida en comisiones unidas de Asuntos Metropolitanos y Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que se mantiene a la espera de que los legisladores de Acción Nacional puedan conseguir el respaldo de la mayoría de las fracciones, incluidas las del PRI y del PVEM.