Los diputados locales aprobaron en sesión ordinaria un paquete de 14 cuentas públicas, entre la que destaca la del segundo semestre del 2013 del director de Puebla Comunicaciones, Marcelo García Almaguer, quien ahora se desempeña como secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como la de Carlos Alberto Julián y Ruiz, director del DIF estatal.
El dictamen que presentó la Comisión Inspectora que preside la panista Patricia Leal Islas fue aprobado por mayoría y sin contratiempos por los diputados en el Pleno del Poder Legislativo.
Todas las cuentas corresponden a funcionarios de organismos estales del periodo 2013. La primera fue la del director del Hospital para el Niño Poblano, Mario Alberto González Palafox del 1 de enero al 28 de febrero; la de Idelfonso González, director del Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa; y de Benjamín Lobato Fernández del Instituto de Adultos Mayores.
En el caso de Puebla Comunicaciones se dividió en dos. La del periodo del 25 de abril al 15 de julio correspondiente a Nelson Galván y la de Marcelo García Almaguer del 16 de julio al 31 de diciembre, toda vez que en el primer periodo dejó el gobierno estatal para trabajar en la campaña de la coalición Puebla Unida.
En la lista también se encuentran las de, José Ojeda, Máximo Romero Juárez y Miguel Ángel Pérez, quienes fungieron como rectores de la Universidad de Desarrollo durante 2013.
El resto de las cuentas aprobadas corresponden a Vicente Luna, rector de la Universidad Intercultural; Alberto Sánchez, rector de la Universidad Politécnica; y Juan Ramón Erosa, quien en 2013 estuvo al frente por periodos cortos como rector de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, la Politécnica de Puebla y la Tecnológica de Xicotepec.
Buscan endurecer penas vs abuso sexual infantil
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y endurecer las penas contra violadores de infantes y que pugnen una condena de 12 a 30 años de prisión.
De acuerdo a la explicación de la legisladora se pretende que haya tolerancia cero con este tema, ya que actualmente no se considera como delito grave, y la sanción es de 5 a 12 años de cárcel.