En un intento desesperado por lograr la liberación de los ex mandos policiacos, Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, su defensa acusó a los militares de ser los responsables de permitir la huida de los delincuentes que extraían combustible de manera ilegal en el municipio de Tepeaca, además de que señalaron irregularidades en la detención, efectuada el pasado 14 de julio y la presentación de los acusados ante la delegación de la PGR en Puebla.

Esto, durante la audiencia que se celebró ayer en el Juzgado Segundo de Distrito, en la que se les decretó al ex director de la Policía Estatal y ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) el auto de vinculación a proceso por el delito de complicidad en sustracción de hidrocarburo refinado, dentro de la causa penal 218/2015.

La jueza encargada del caso, además, decretó que los ex mandos deberán permanecer en prisión durante dos meses en lo que se termina de integrar la carpeta de investigación y se abre el juicio. La medida fue apelada por la defensa y hoy se definirá si es procedente o no.

Las acusaciones

De acuerdo a la relatoría de la parte acusadora, los dos ex jefes policiacos fueron sorprendidos mientras realizaban labores de vigilancia y protección a un convoy de seis camionetas, que sobre un camino rural cargaban combustible extraído ilegalmente de una toma clandestina.

Los militares procedieron al aseguramiento de los delincuentes, pero éstos lograron escapar, en tanto que los policías permanecieron en el lugar. Al cuestionarles su presencia, Estrada López y Tomás Mendoza dijeron que estaban custodiando una camioneta volcada que estaba varios metros delante de la patrulla y que nunca se percataron que metros atrás se estaba robando el hidrocarburo, razón por la cual fueron detenidos.

Los imputados, al momento de su detención portaban armas de uso exclusivo del Ejército y nunca informaron a su base, ni al centro de operaciones de la Policía Estatal, sobre su presencia en el lugar por el vehículo volcado, que debían supuestamente asegurar.

Por ello, la parte acusadora presumió que la versión de los mandos no era creíble, pues no siguieron los protocolos para informar sobre el patrullaje que realizaban, no dieron aviso del hallazgo a quien correspondía, pues sólo enviaron mensajes vía Whatsapp a otro elemento ajeno a las áreas del centro de operaciones, ya que no portaban ninguno de los dos sus equipos de radiocomunicación, amén de que la patrulla tampoco los tenía.

Durante la audiencia, se decretó que los conductores de las camionetas son los presuntos responsables de las maniobras físicas de sustracción de combustible en los ductos y la presencia de los uniformados presumiría la protección de éstos a una banda delictiva dedicada al robo de hidrocarburos.

Las seis camionetas que estaban a metros de la patrulla de los ex uniformados contaban cada una con cuatro contenedores, con capacidad entre mil y  mil 200 litros. De éstos, sólo tres contenedores estaban llenos a un 90 por ciento, y de ellos presentaba una fuga notoria del material inflamable.

Posteriormente los presuntos culpables fueron llevados a un kilómetro de distancia, donde personal de Pemex ubicó otra clandestina, con 21 vehículos de carga pesada, con contenedores de combustible y modificados para que pudieran transportar hasta 10 mil litros de gasolina.

En total, se confiscaron 19 mil 500 litros de gasolina Magna, 26 vehículos en los que se transportaba el hidrocarburo refinado, así como la patrulla perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Sólo se registró la detención de Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez.

La versión de los expolicías

Un hecho relevante ante las acusaciones presentadas a los ex funcionarios estatales, fue que la defensa exhibió que los tres militares que detuvieron a Estrada y Méndez no hicieron nada por perseguir y asegurar a los choferes de los vehículos que traían los contenedores y sustraían el hidrocarburo.

Se mencionó que al momento de que los uniformados llegaron a la zona, los delincuentes estaban en el lugar de los hechos y salieron huyendo al ver el vehículo de la Sedena, por lo que se sugirió que los militares prestaban protección a los delincuentes, pues sólo actuaron contra los tripulantes de la patrulla que en ese momento estaba estacionada metros adelante, y no atraparon a los demás.

Además acusaron que los miembros de la milicia mantuvieron a los ex policías detenidos en el lugar por más de una hora, hincados en el suelo, amarrados de las manos con bandas plásticas y les quitaron sus pertenencias.

Denunciaron que los policías manipularon los teléfonos celulares de los en ese momento jefes policiacos, con los que estos últimos, supuestamente dieron aviso del supuesto vehículo volcado, por lo que no debía de ser tomado en cuenta como prueba.

Asimismo, la defensa argumentó que el ex director de la PEP y ex jefe del GOES, fueron trasladados hacia otra toma clandestina donde se descubrieron 21 vehículos más, con el objetivo de que se les vinculara también con ese hecho.

Según su versión, los expolicías fueron aprehendidos a las 4:30 horas del martes 14 de julio y fueron presentados ante la delegación de la PGR pasado el medio día, por lo que se les mantuvo incomunicados durante varias horas.

Las acciones por realizar del MP

Entre los procedimientos que realizarán los agentes del Ministerio Público avalados por la licenciada Vanesa Rodríguez Ortega, representante legal de Pemex durante el periodo acordado para la investigación, se nombraron las siguientes acciones:

Traslado de los 27 vehículos asegurados. Averiguar quiénes son los propietarios de las unidades. Entregar Patrulla, credenciales y armas al departamento correspondiente. Realizar entrevistas en el centro de operaciones de Tepeaca. Entregar copia de las investigaciones y declaraciones a ambas partes.