Con el sistema de “cuota fija” de 2 mil pesos diarios impuesta a los choferes a cargo de cada una de las 182 concesiones bajo su control, las dos familias que integran la mafia de permisionarios en el corredor de la 11 Norte-Sur, los Sierra y los Reyes, han obtenido ganancias mensuales por alrededor de 10 millones de pesos, casi 121.7 millones de pesos al año.

El resultado se da tomando en cuenta las cuotas que reportan diariamente los choferes de las unidades Galgos del Sur, Agua Azul-Mayorazgo, San Ramón cuarta sección-Capu, San Ramón cuarta sección-Central de Abasto y Malacatepec-Capu.

En el caso de los integrantes que encabeza Ángel Sierra de la Rosa, actualmente preso en el penal de San Miguel por el delito de falsificación de documentos, los conductores de las 145 concesiones que tiene su familia reportan diariamente 2 mil pesos libres de sueldos y pagos de gasolina, diésel y refacciones.

Tomando en cuenta las diversas entrevistas que CAMBIO realizó a los choferes que han prestado el servicio a los Sierra, multiplicando los 2 mil pesos que cada uno reporta al día a los dueños de las concesiones, el ingreso es de 290 mil pesos, 8 millones 700 mil al mes y 104 millones 400 mil pesos al año.

Mientras que en el caso de las 37 concesiones que tienen ocho personas físicas de la familia de Delfino Reyes Bocardo, incluido él mismo, la cantidad que entrega cada chofer, tras más de 12 horas de trabajo, es de mil 300 pesos que multiplicados por los 37 arroja un total de 48 mil 100 pesos al día, al mes un millón 443 mil pesos y al año 17 millones 316 mil pesos.

Así, en suma, ambas familias han concentrado una fortuna incalculable por los años que han resultado beneficiados con las concesiones entregadas en administraciones pasadas, y que según el propio gobernador Rafael Moreno Valle, se convirtió en una mafia, ya que los beneficios se concentraron en pocos.

El sábado pasado la Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo a tres integrantes de la familia Sierra —Ángel, su esposa Rosalina Carpinteyro Calderón y su padre José Alfredo Roberto Sierra Rosete— quienes en conjunto administraban 117 derroteros en esta línea, y enfrentan actualmente un proceso penal por presuntamente haber entregado documentos falsos para conseguir mayores beneficios en las rutas a Mayorazgo durante procesos de reemplacamientos pasados.

Se prevé que en las próximas horas sean detenidas más personas, luego de que el ex secretario de Transportes, Bernardo Huerta, confirmara que presentó 30 denuncias por anomalías encontradas en una investigación contra transportistas.

Choferes, los más afectados

De acuerdo con los choferes que fueron entrevistados por este medio ayer durante un recorrido, coincidieron en manifestar que por la redirección de las unidades que aún circulan, ellos han tenido pérdidas de 30 por ciento en sus salarios, ya que si antes ganaban entre 300 y 400 pesos —además de pagar la cuota establecida por el dueño del microbús—, ahora sólo llegan a ganar entre 150 y 200 pesos.

En algunos casos, como el de Marino Juárez que maneja una unidad que va de San Ramón cuarta sección a la Capu, labora hasta 17 horas, y apenas logra completar lo de la cuota. “Con el tráfico que ya se está causando por la entrada de rutas como la 14, y otras sobre la 9 Sur en donde generalmente sólo ocupábamos nosotros, estamos teniendo pérdidas, nosotros los choferes porque la tarifa se sigue entregando igual al patrón”.

Tanto él como otro conductor que va de la Colosio a San José manifestaron que en las últimas dos semanas sólo han podido entregar entre mil 200 a mil 300, de los 2 mil pesos que tienen establecido.

En general, los concesionarios sólo operan un turno, hecho que según los entrevistados, es lo que les genera “estrés” ya que comienzan a laborar desde las 6 de la mañana y terminan hasta las 23 horas.

“Yo creo que a nadie le conviene la entrada de la segunda línea del metrobús. No sólo es un golpe a los dueños de las concesiones sino también a nosotros como trabajadores. Nos vamos a quedar sin trabajo. No nos dicen nada, no sabemos nada. Sólo sé que mi patrón fue detenido”, indicó otro de los conductores que lleva cinco años laborando con Sierra de la Rosa.

La Alianza Camionera como grupo de presión

La Alianza Camionera que integra Reyes Bocardo, Ángel Sierra, la familia Díaz Sánchez, Díaz Carrasco, Emilio Ambrosio Ayala, Juan José Valerdi, José Raúl Ramírez, Chantal Mónica Martínez, entre otros, siempre han funcionado como grupo de presión en administraciones pasadas en las que obtuvieron prebendas que hizo que aumentaran su poder, según recuerda el perredista Arturo Loyola, quien en su momento apoyó acciones de un grupo contrario de transportistas que formaron el extinto Grupo Camionero.

“Ellos, el ‘grupo pulpo’, han aprovechado bastante esta mafia que crearon los gobiernos priistas. En todos los ámbitos presionaron en su momento hasta conseguir concentrar mayores concesiones. Precisamente la concentración de estos beneficios en un grupo reducido fue lo que hizo que el servicio se convirtiera pésimo”, declaró en entrevista.

A su consideración, la modernización del servicio con la entrada de la segunda línea es la solución para terminar con la mafia de transportistas y que los usuarios hagan uso de unidades en buenas condiciones.