La Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) reprobó la #LeyAntiBronco que consumaron los diputados locales para hacer de las candidaturas independientes una misión imposible para los ciudadanos, de acuerdo con lo dicho por el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas en la UPAEP, Alejandro Guillén Reyes, quien al mismo tiempo consideró difícil romper estos candados por la vía de la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De esta manera, dijo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece porcentajes para la elección de candidatos independientes, ya que corresponde a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), sin embargo, esta ley sólo lo establece para candidaturas a cargos federales como presidente de la república, senador o diputado federal.

“Es muy difícil que se declare su inconstitucionalidad, que ese sería el primer camino jurídico. La constitución de entrada no establece porcentajes de firmas, es decir, eso se queda para la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y esta ley lo que establece son porcentajes pero para conseguir candidaturas a presidencia de la república, a senador y a diputados federales”.

Esto significa que el Congreso local es el único en definir las reglas del juego en los procesos electorales, mismo que el pasado sábado aprobó los candados a las candidaturas independientes, entre las que destaca conseguir las firmas del tres por ciento del padrón electoral, que pertenezca a tres cuartas partes de la demarcación que se busca gobernar y que asistan presencialmente con su credencial de elector a los consejos distritales.

Por ello, señaló que la ruta de la inconstitucionalidad es inviable para romper los candados que aprobaron los diputados locales, para los ciudadanos que busquen participar en la elección de 2016 a través de la vía independiente.

El catedrático calificó las reformas aprobadas por el Congreso local como un estancamiento en la vida política del estado, por lo que deben ser señalados por todos los actores de la sociedad, principalmente el de la academia.

Concluyó que las organizaciones civiles que luchan por reducir las restricciones a las candidaturas independientes, deben explorar otras rutas jurídicas y no centrarse sólo en la inconstitucionalidad de estas reformas.