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El Partido Acción Nacional (PAN) presentará una iniciativa de reforma constitucional para que los criterios a nivel nacional en relación con las candidaturas independientes se homologuen en los estados.
Así lo informó el dirigente nacional de esta fuerza política, Ricardo Anaya Cortés, quien informó a través de un comunicado de prensa que en respuesta a la petición de 52 liderazgos, académicos e intelectuales mexicanos, dicha iniciativa pretende evitar que se impongan requisitos que hagan prácticamente imposible las candidaturas independientes a través de los llamados candados antiBronco.
“Queremos ampliar los derechos de los ciudadanos, en concordancia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2008 y 2011.
“Así como lo dimos a conocer desde el pasado 11 de septiembre, el PAN sostiene que las candidaturas independientes fortalecen nuestra democracia y coincidimos con el contenido del desplegado (de los 52 liderazgos) en el sentido de que introducen mayor competencia electoral y constituyen un acicate para obligar a los partidos a realizar rectificaciones urgentes”, refirió.
Asimismo, Anaya Cortés se pronunció a favor de respetar el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con este tema; sin embargo, puntualizó que es necesaria una reforma constitucional para facilitar las candidaturas independientes, a fin de promover una mayor pluralidad en beneficio de la democracia en México.
“La solución de fondo, más allá de los discursos, es una reforma a la Constitución para establecer, con toda claridad, límites a la legislación local, evitando requisitos desproporcionados que hagan a las candidaturas independientes virtualmente imposibles. Sostengo que votar y ser votado es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado”, asentó.
Cabe señalar que en diferentes estados y propuestos por distintas fracciones parlamentarias, cuentan con varios criterios, que van desde la recaudación del 3 por ciento de firmas de los posibles votantes, su presentación de forma presencial para corroborarlas o 120 días para conseguir las firmas de al menos el uno por ciento del electorado nacional, entre otras.