Con el objetivo de regular y fijar un tope a las tarifas del servicio de arrastre de grúas y garantizar la seguridad de los vehículos particulares, Asociaciones de Corresponsabilidad en el Transporte, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) entregaron una propuesta de reforma a la Ley de Transporte para que sea analizada, y en su caso, aprobada por el Congreso del Estado.

Tras entregar el oficio a la Secretaría General del Legislativo local, el presidente de Corresponsabilidad en el Transporte, Arturo Balderas, detalló que en el cobro por arrastre en vías federales, la tarifa es de 600 pesos, mientras que en el estado es de mil 500 pesos como mínimo y de hasta de 27 mil como máximo para vehículos de grandes dimensiones, cuotas que calificaron como excesivas.

Además, el representante reveló que de las cerca de mil grúas que operan en la entidad, apenas el 20 por ciento, es decir 200 unidades de arrastre, cuenta con placas y permisos para ofrecer este tipo de servicios, sin que estén reguladas sus tarifas por la Ley de Transporte de Puebla.

“No se tiene la certeza para la operación y prestación de estos servicios ni para la defensa de los derechos que tienen los usuarios que deben recurrir al apoyo de estos servicios auxiliares en las vías de circulación estatal y municipal”, mencionó Balderas Monyano al exigir una próxima reunión con el presidente de la Comisión de Transporte, el diputado perredista Julián Rendón.

Ante los medios de comunicación, el presidente de Corresponsabilidad en el Transporte mencionó que lo antes expuesto puede representar pérdidas hasta por 10 millones de pesos anuales a las empresas de autotransporte, turismo y de carga, sólo en cuestión de arrastre, por lo que reiteró su llamado a regular las tarifas.