Con la finalidad de contar con estadísticas reales sobre la incidencia de feminicidios en Puebla, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) propuso realizar una revisión de todos los asesinatos de mujeres que no fueron consignados como feminicidios entre 2012 y 2014, luego de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tardó un año y tres meses en implementar un protocolo de actuación para la consignación de este delito.

Así lo comentó el activista y vocero de la organización, Brahim Zamora Salazar, al señalar que de realizar esta revisión se puede pedir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ampliar los expedientes de las mujeres asesinadas, para incluir la figura de feminicidio en los casos que así lo amerite, y de esta forma, ampliar la pena contra los victimarios.

“Se tiene que revisar caso por caso, porque el protocolo de actuación tardó un año y tres meses en entrar en vigencia. Es decir, de finales de 2012 a principios de 2014 no hubo protocolo, no sabemos si los asesinatos dolosos de mujeres que ocurrieron esa época, estuvieron bien consignados como feminicidios, si se revisan esos casos, puede haber un alcance para el Tribunal y aunque ya hayan sido consignados, hay algunos casos que podrían ampliarse al expediente”.

Esto, luego de que el TSJ sólo ha dictado una sentencia por feminicidio en los últimos dos años, pese a que la organización tiene contabilizados más de 150 homicidios con esta tipificación en ese mismo periodo.

Recordó que las Organizaciones no Gubernamentales trabajan en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la elaboración de un estudio serio que aporte datos sobre la incidencia de feminicidios en Puebla y ayude a determinar si es necesaria la solicitud de una Alerta de Género en la entidad.

Aunque reconoció que esto es un primer paso para mejorar las políticas públicas que disminuyan este problema social, señaló que existen otros aspectos como la inversión de los gobiernos locales en la prevención de feminicidios y violencia contra las mujeres.

En ese sentido, señaló que los 15 millones de pesos anuales que recibe el Instituto Poblano de las Mujeres son insuficientes para generar programas de prevención contra la violencia que tengan un alto impacto en la sociedad.