Por falta de tiempo para analizar las controversias y al tratarse de un tema de “alta dificultad”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó hasta el próximo martes la discusión de los recursos de inconstitucionalidad que promovieron el PRI, Morena y Movimiento Ciudadano en contra de la #LeyAntiBronco poblana, impuesta por los diputados morenovallistas el pasado 19 de agosto.

Aunque el asunto fue enlistado en la orden del día las tres acciones promovidas en contra del reformado Coipep de Puebla, la dictaminación se pospuso para la siguiente semana, luego de que el ministro Luis María Aguilar señaló que el proyecto de sentencia se distribuyó a sus compañeros “hace relativamente poco”, por lo que las condiciones para discutirlo no eran las más óptimas ante la “dificultad e importancia” del tema.

De hecho, en la reunión de ayer en la que se dieron por concluidas las controversias que se presentaron al Código Electoral de Veracruz, los ministros aprobaron los candados que el Congreso local de aquel estado impuso a los ciudadanos como el requisito del 3 por ciento de firmas del listado nominal para alcanzar su registro como candidatos independientes.

El Pleno de la SCJN basó su decisión en el caso Tamaulipas, los ministros avalaron que los interesados en obtener una candidatura independiente, deberán de comprobar que cuentan con el respaldo del 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, aunque ocho de los once ministros (tres se ausentaron) propusieron invalidarlo.

Con esto, se prevé que los integrantes de la Corte nacional mantengan el porcentaje que establece el artículo 201 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep). No obstante, es prácticamente un hecho que los ministros invaliden los numerales 201 Ter y 201 Quinquies, en los que se indica que el apoyo ciudadano debe ser de manera presencial ante los Consejos general, distrital y municipal; además de conseguirlo en un periodo de 20 días.

Por último, los ministros también echaran abajo el artículo décimo primero transitorio del Coipep que obliga a los consejeros del OPLE a mantener al Secretario Ejecutivo hasta 2019, luego de que este mismo apartado se invalidó en la legislación veracruzana porque esta facultad es exclusiva del INE.