El procurador general de Justicia Víctor Carrancá accederá inmediatamente a la Fiscalía General del estado, un privilegio que a nivel federal no tuvieron Murillo Karam ni Arely Gómez, pues aunque la Fiscalía a nivel federal fue aprobada desde el 2014, su puesta en marcha ocurrirá hasta 2018, una Vacatio Legis de acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso de la Unión.
Y es que con el pretexto de homologar los ordenamientos locales con los federales el grupo morenovallista del Congreso local aprovechó el aval del PRI para poder sacar por la vía fasttrack la creación de la Fiscalía General del estado e imponer a Víctor Carrancá Bourget como su titular hasta el año 2022.
Mientras en la ley federal se establece claramente que el fiscal general de la República durará en su encargo nueve años, y será electo de una lista, de al menos 10 aspirantes, integrada por el Senado de la República, el cual la enviará al Ejecutivo, para que éste a su vez integre una terna que regresará a los legisladores; en la de Puebla se aprobó que el fiscal dure en su encargo 7 años y que el Congreso local definiera una terna para enviarla al Ejecutivo y éste la regresara para su votación, pero se incluyó un artículo transitorio para que en automático el procurador en funciones asuma la Fiscalía del estado, misma que se pretende echar a andar a principios del 2016.
Y es que el Artículo Segundo Transitorio de la iniciativa señala que: “El procurador general de Justicia que se encuentre en funciones al momento de entrar en vigor las presentes reformas, quedará designado por virtud de este Decreto, fiscal general del Estado por el tiempo que establece el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV del mismo artículo”, por lo que el minigobernador que se elegirá en 2016 no podrá cambiarlo, y el gobernador que se elija en 2018 tendrá la posibilidad de reemplazar a Carrancá Bourget al terminar su periodo en 2022, es decir, casi a la mitad de su mandato.
Aunque se preveía que para la creación de la Fiscalía General de Puebla se incluyera como requisito que el titular fuera poblano, y por ello Víctor Carrancá habría solicitado su ciudadanía poblana en julio de este año, finalmente la iniciativa no lo contempló, pues el Artículo 99 señala que “Para ser Fiscal General del Estado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles”.
Entre los cambios que se contemplan en la nueva legislación está la referente al Artículo 82 de la Constitución Política del estado, pues el procurador o fiscal dejará de ser el representante jurídico del estado y dicha función recaerá en el Consejero Jurídico o cualquier funcionario designado por el gobernador: “El Consejero Jurídico es el representante jurídico del estado. El gobernador podrá otorgar esa representación a alguno de los servidores públicos que lo auxilien para casos singulares”, señala el artículo reformado.