Este domingo se inauguró la primera Cumbre Nacional de Organizaciones por la Dignificación Policial donde se presentó la petición para modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y darle certeza laboral a los cuerpos policiales ante la vulnerabilidad de perder su empleo en cualquier momento y no poder recuperarlo.
Dicha cumbre fue inaugurada durante una ceremonia realizada en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la BUAP y contó con la presencia de la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Isabel Allende Cano, la cual fue la encargada de iniciar los trabajos y entregó al grupo directivo 110 mil boletas para recabar firmas y presentar una propuesta que reforme el artículo 123, Apartado B, Sección XIII de la Carta Magna que habla de los derechos laborales de los cuerpos policiales, peritos y agentes del Ministerio Público.
Sergio Iván Torres Bravo, presidente del Consorcio Internacional de Consultores en Seguridad Pública, explicó que se trata de 370 mil policías y 80 mil servidores públicos en el país los que estarían en riesgo de perder su trabajo debido al carácter anticonstitucional que se establece en las pruebas de control de confianza y de pruebas de rutina que se aplican a los mandos policiacos.
También explicó que la cercanía y apoyo que han recibido del PRI para el movimiento de la dignificación policial no la recibieron de ningún otro partido. Además, indicó que las primeras mesas de trabajo fueron a mediados de la década de los noventa, sin embargo, con la Reforma de Seguridad Pública de 2008, fue cuando comenzaron los trabajos más profundos al acercarse con partidos políticos para interponer esta reforma de ley.
Omar Ramos Méndez, director del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia, indicó que este problema ha generado la impresión de que existen malos policías que abusan de su condecoración, sin embargo, esto es un reflejo de malas condiciones laborales y de no recibir la capacitación adecuada ni estar dentro de un esquema de ética profesional, como lo exige dicha profesión.
De acuerdo con Ramos Méndez, el artículo 123 impide que el personal policiaco pueda regresar a ejercer sus funciones, a pesar de que demuestren ser buenos servidores públicos, a pesar de que la propia Constitución prevé que un empleado pueda ser reinstalado si demuestra el compromiso y cumplimiento de sus labores por las que fue destituido en primer término.
Dado lo anterior, también se hizo la petición de que se establezca un Ombudsman Nacional Policial y que el 10 de enero sea reconocido como el “Día de los derechos del Policía”.