En ese entonces mi maestra, llamémosle Ana, me empezaba a seducir con la idea de una ley que ayudara en fast track a desasolvar todos los asuntos estancados de los juzgados federales y del fuero común, de aquellas personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que como resultado de su condición, no tenían acceso a la justicia pronta y expedita; y yo, como buena enamorada que soy de la Justicia social, empecé a coquetear con esa idea.

Pasaron los años y lo único que se acercaba a eso que tanto queríamos, eran 2 artículos en el Código Penal del Estado que apenas mencionaban algo parecido a la absolución.

Entonces llegaron las elecciones del 2018. Mientras revisaba la plataforma de Andrés Manuel y me topaba con pura basura clientelar, de pronto mis ojos se iluminaron cuando por fin, después de años de espera, leí: Ley de Amnistía.

De inmediato le escribí a Ana, con quien sigo manteniendo una buena relación, y le dije muy emocionada "¡Por fin van a poner sobre la mesa la discusión de la amnistía!". Lo que Ana me contestó es irrelevante para efectos de esta columna, pero cabe destacar que estaba igual de feliz que yo.

La razón por la que la propuesta nos hizo tan felices radica en la necesidad urgente que tenemos por atender los problemas de las cárceles en nuestro país. La saturación de los penales se debe parcialmente a las personas que se encuentran privadas de su libertad y sin condena. Hasta el 2016, 65 mil 21 de las personas recluidas aún no tenían una sentencia, lo que equivalía a un 35 % del total de los reclusos. Y esos números fueron hace 4 años.

Para el caso de las mujeres es más grave aún, si alguien todavía tiene la duda de que las mujeres seguimos en desventaja, les voy a dar el mejor ejemplo: en Michoacán se reportó que todas las mujeres privadas de su libertad carecen de condena.

La importancia de la Ley de Amnistía va mucho más allá de la percepción de "indulto" o el "perdón a delincuentes" que muchas personas tienen. Dado que el contexto social del Estado contempla un 50 % de población en situación de pobreza, esto hace más vulnerable a este sector a ser víctimas del sistema. Un sistema que mantiene encerrados a todos aquellos que comenten delitos no graves, que roban por hambre, que abortan por necesidad, y así un sin número de casos cuyas sentencias no deberían ser más de 6 meses de cárcel, y llevan 8 años (o más) esperando a que todos hagan su trabajo y poder alcanzar su libertad.

Y así, mis queridos lectores, hacemos evidente la necesidad del país de contar con una ley que nos ayude a acelerar el progreso de nuestro sistema de justicia, que está por demás decir, es una completa porquería.