No hay sorpresas. La fórmula es heterodoxa. Se plantea fortalecer la inversión pública por medio de la ampliación de los programas del bienestar y los proyectos de infraestructura; promover el empleo pleno; y profundizar las medidas de austeridad en el gobierno.

En todo caso, la mayor complejidad a la que se enfrenta, no son las medidas, sino la forma de financiarlas. De acuerdo con los pre-criterios de política económica entregados al Congreso este primero abril, la Secretaría de Hacienda estima que la economía mexicana podría caer hasta 3.9%; por su lado, los ingresos del gobierno caerían en $297 mil millones de pesos, respecto de lo previsto en la Ley de Ingresos 2020.

Frente a la caída de los ingresos, típicamente hay pocas alternativas de definición por parte del Gobierno: recortar el gasto, aumentar impuestos o endeudarse.

La apuesta del Gobierno de López Obrador es audaz en el sentido de que rechazó estas opciones y refrendó su compromiso de no aumentar impuestos, no endeudar al país y, por el contrario, ampliar los programas del bienestar de atención a los más vulnerables.

Ahora, la pregunta del millón es ¿Cómo se va financiar? Hay que considerar que la caída en los ingresos que prevé la Secretaría de Hacienda ya descuenta el uso de $289 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) -también conocido como el rainy day fund- y las coberturas de los ingresos petroleros del Gobierno Federal.

La respuesta podría estar en la medida que ordenó el propio presidente el pasado 2 de abril. Se trata de la extinción y el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos que se encuentran en los fideicomisos sin estructura del Poder Ejecutivo Federal.

De acuerdo con el último informe sobre la situación de las Finanzas Públicas Federales, al cierre de 2019 el Poder Ejecutivo Federal contaba con 338 fideicomisos sin estructura con una disponibilidad de recursos de $740,572 millones de pesos. Es decir, por años han permanecido guardados esta cantidad exorbitante de recursos, en muchos casos ociosos. Un despropósito.

La orden es extinguir todos, sin embargo, habrá algunos que deban permanecer para cumplir con obligaciones de pago mandatorias. El gobierno tiene hasta el 15 de abril para hacer una revisión exhaustiva de los fideicomisos y evaluar la pertinencia de cada uno de ellos.

Esto es lo audaz de López Obrador, aunque lo fácil sería endeudar al país como claman muchas voces, el Presidente está consciente de que aún hay tela de donde cortar en el aparato gubernamental. Los fideicomisos son un cuantioso ejemplo.

Confío en que la apuesta funcione y se obtengan los recursos para financiar el plan de empujar a la economía desde abajo, apoyando a los más necesitados y que desde ahí se impulse la reactivación hacía arriba.