Una vez que un partido o personaje llega al poder, se instaura una política y visión de administración pública. Invariablemente las ideologías e intereses cambian. Es obligación de los líderes, representarnos a todos. Sin embargo, ¿qué pasa si no pensamos como él o ella?, ¿nos tendríamos que conformar con seguir las políticas que se instauran y con las nuevas regulaciones? Ciertamente la respuesta a este par de preguntas desprenden un debate importantísimo.
Nuestro derecho de libertad de expresión está plasmado y claramente descrito en los artículos sexto y séptimo de nuestra Constitución Política. Las únicas limitantes de este derecho son: no alterar el orden público. Los prejuicios que una persona, grupo o colectividad puedan tener respecto a nuestra opinión no debería importarnos. Pensemos en que, a pesar de que nuestros representantes tengan el poder, la expresión de las ideas o puntos de vista enriquecen la vida pública. En el supuesto de que el derecho a la libertad de opinión se suspendiera o limitara, afectaría terriblemente el desarrollo de la sociedad.
Para poner un ejemplo: imaginemos el caso de Venezuela. ¿Qué pasaría si nadie criticara al dictador Nicolás Maduro y sus malos manejos? Seguramente sería más calamitoso de lo que ya es. Debido a la globalización y el desarrollo, la crítica ya no solamente viene de opositores al interior de un país, sino de otras naciones, Organismos Internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresas e individuos cosmopolitas. Ciertamente el hecho de no estar de acuerdo con alguien en cuanto a un tema en particular genera descontento e incomodidad. No obstante, siempre y cuando, la expresión de las ideas estén correctamente fundamentadas con argumentos, el resultado es positivo, pues se fomenta la participación ciudadana para la conformación de pensamiento nuevo que derive en el desarrollo de novedosas estrategias públicas.
A propósito, recientemente, el término gobernanza se ha puesto de moda: se trata de un concepto amplio para denotar la necesidad de crear participación y consensos entre los diferentes actores de la sociedad contemporánea. En este sentido, le corresponde al gobierno tomar las decisiones de interés popular, pero con la ayuda de otros sectores, como el privado y el civil. Hay que considerar que sin un pleno derecho a la libertad de expresión, lograr gobernanza es imposible.
Ciertamente, conforme una democracia se desarrolla, el derecho de libertad de expresión igualmente va consolidándose. Son dos elementos codependientes e íntimamente relacionados con su evolución. Por desgracia en nuestro país aún queda mucho por hacer. En el año 2017 la organización de carácter internacional Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo: concretamente señaló que alrededor de 12 periodistas fueron asesinados, con lo cual México queda en la “lista negra” al ser comparado con países como Siria, Irak o Afganistán.
Es verdad que se están haciendo esfuerzos desde diferentes sectores por promover el Estado de Derecho y ayudar a proteger las garantías individuales así como los derechos colectivos de los ciudadanos. Sin embargo, la toma de decisiones sigue siendo muy tenue en cuanto al número de actores involucrados en el proceso. Tradicionalmente, el gobierno se ha hecho cargo de todo, la modernidad está abriendo nuevos horizontes para aceptar lluvia de ideas que coadyuven a la mejora de problemáticas de interés general.
Por último, tomando en cuenta lo anteriormente escrito en este texto: es menester fomentar el debate de ideas. Celebremos cada que alguien exprese su opinión sin temor a los prejuicios. Cada vez que los diferentes diarios, estaciones radiofónicas o cadenas televisivas sigan líneas opuestas, pues todo eso ayudará a conformar diferentes comunidades de interés a favor de determinados asuntos. Con lo cual, la democracia se irá afianzando.
