El Congreso local aprobó la mañana de ayer las reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, impulsada por la diputada panista Irma Patricia Leal Islas. Dicha iniciativa que entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, estipula que en caso de que un sujeto obligado sancionado muera será su sucesor quien tendrá que responder por las irregularidades detectadas en sus cuentas públicas, aunque no será acreedor de la sanción de tipo penal y económica.

En la misma sesión ordinaria, también se avalaron las leyes de Gobernanza Regulatoria y de Gobierno Digital, presentadas en conjunto por los legisladores de Acción Nacional, Francisco Rodríguez Álvarez y Patricia Leal.

Con 38 votos a favor y una abstención, el pleno del Legislativo local dio “luz verde” a las reformas en materia fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos, las cuales contemplan que el procedimiento de fiscalización en caso de que fallezca el sujeto de revisión será heredado a quien ostente el cargo en la actualidad, o quien lo recibió de forma sucesiva.

En entrevista, Leal Islas explicó que la nueva reglamentación fiscal dará certidumbre cuando pierda la vida el sujeto de revisión, ya sea un presidente municipal, el titular de alguno de los tres Poderes en el estado y los que están al frente de los organismos públicos descentralizados.

Detalló que quien herede la cuenta pública no dictaminada asumirá toda la responsabilidad y estará encargado de atender los requerimientos que emita la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión Inspectora, al igual que deberá solventar las observaciones hasta que se compruebe si hubo o no irregularidades.

Trámites administrativos serán homologados

En tanto, la Ley de Gobernanza Regulatoria y de Gobierno Digital —la cual fue plagiada del programa RUPA que opera a nivel federal—, fue hecha con la finalidad de centralizar trámites administrativos municipales.

Esta nueva ordenanza pretende agilizar y homologar los trámites administrativos en los 217 municipios para personas morales y físicas, sin embargo la propuesta contempla la creación de una unidad de mejora regulatoria que dependerá del gobierno del estado, directamente de la Secretaría de Finanzas y Administración de Roberto Moya Clemente, y será el órgano de enlace entre los ayuntamientos y la administración de Rafael Moreno Valle.

Al hacer uso de la tribuna del Congreso local, Pablo Rodríguez Regordosa, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, afirmó que Puebla da un paso adelante en la mejora regulatoria, para que el gobierno cumpla con la obligación de facilitar los trámites a los ciudadanos y alcanzar mejor calificación en indicadores del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y del Banco Mundial (BM).

Por último, Francisco Rodríguez dijo que la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus Municipios, aprobada por unanimidad, permitirá entre muchos beneficios el ahorro de tiempo en los trámites, evitar la corrupción, tener un gobierno sin papel, facilidad para hacer negocios, modernización administrativa y uso de tecnologías de la información.