La iniciativa pretende imponer hasta 30 años de prisión a quienes ordeñan los ductos de Pemex. Así como a toda la cadena de expendedores. La pregunta central es: ¿Se detendrá la industria criminal del huachicol por las sanciones propuestas?

 

Esto es poco, muy poco probable.

 

Lo que sucederá es que aumentarán en forma dramática las prácticas de corrupción policiaca; las cifras que se pagan a mandos policiacos estatales y federales, quienes en realidad permiten la extracción de gasolina y su posterior comercialización en expendios que muchas veces están a la vista del público.

 

En poblaciones como Ajalpan circulan pequeñas camionetas que van vendiendo huachicol como si fuera cloro para limpiar. En la Sierra Negra hay rutas de transporte público que tienen sus propias estaciones gasolineras de huachicol. Esos transportistas ya no cargan en las instalaciones de Pemex ya que tienen sus instalaciones particulares.

 

Pero sobre todo las referidas sanciones propuestas no van a intimidar a la base social que ya ha hecho de esta actividad su “Modus Vivendi”. En los municipios de Palmar de Bravo, Palmarito, Ciudad Serdán, Esperanza, Cañada Morelos, Quecholac, entre otros que se enclavan en el corazón del “Triángulo Rojo”, son cientos y cientos de familias las que se dedican a comercializar, a vender en el traspatio el señalado huachicol.

 

Así como en cada colonia popular hay una señora que hace y vende tortillas de mano, exactamente de la misma manera en cada colonia de Palmar de Bravo se pueden encontrar tres o cuatro familias que se dedican a vender el combustible robado. En pequeñas, en mínimas cantidades. En bidones de 20 o 30 litros. Y de ahí están obteniendo ingresos que de otra manera no tendrían.

 

Si se aplicaran estas sanciones propuestas cientos, tal vez miles de familias poblanas tendrían que ser penalmente procesadas, llegando a una verdadera crisis social y de gobernabilidad.

 

Por otra parte las cabezas de esta industria delictiva no se preocuparán porque las sanciones aumenten; ellos tienen ingresos millonarios con esta actividad, mismos que les permiten sobornar a autoridades de los tres niveles de gobierno.

 

Vivimos la era Facundo, ya sin Facundo. Pero así como sus mandos, hay otras jerarquías policiacas que están coludidas. De otra manera no se explica el crecimiento exponencial de esta actividad criminal.

 

Ahora bien ¿Entonces debe descalificarse la iniciativa presentada por Eukid Castañón?

 

No, de ninguna manera. Pero el problema debe verse en sus múltiples facetas.  Las policías municipales están rebasadas por la mafia. Se hace imperativo instalar retenes interinstitucionales que incluyan al Ejército Mexicano, Policía Federal, Gendarmería, Policía Estatal y corporaciones municipales.

 

Lo que urge es cercar al huachicol dentro de su misma esfera y no permitir que los grupos sigan creciendo y buscando expandirse hacia otras ramas delictivas como el narcomenudeo, la venta de armas, la extorsión y el secuestro.

 

En todo el país las organizaciones criminales están creciendo, atropellando a su arbitrio a la sociedad. Esto pasa desde Tamaulipas hasta Tabasco.

 

En Puebla todavía se puede contener al monstruo. Todavía.

 

 

Como siempre quedo a sus órdenes en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., sin mx.