Muchos municipios importantes ya estaban preparados para actuar jurídicamente contra una imposición de ese tipo, del Gobierno del Estado, algo que no era un simple rumor, sino que se veía venir. Por algo se reformó un artículo de la Constitución General del Estado, a fin de permitir al gobierno local, intervenir para determinar el modelo que los municipios deberían seguir en este rubro.

 

La medida, ya aplicada en el municipio de Puebla estaba provocando irritación no sólo entre los ciudadanos que conforman los ayuntamientos, sino en general en la población.

 

El agua es un bien que nos pertenece a todos y las autoridades municipales tienen obligación, según establece el artículo 115 constitucional, de proporcionar ese servicio a pobres y ricos, con tarifas accesibles para todas las clases sociales de acuerdo con las zonas donde habiten. La privatización de un servicio tan importante, origina su encarecimiento en perjuicio de las personas de menores recursos. Ya se vio lo que pasó en esta capital. El sector privado quiere hacer negocios, no brindar un servicio básico a la ciudadanía. Eso es responsabilidad de las autoridades de acuerdo a la Constitución.

 

El partido Revolucionario Institucional, emitió un boletín en el que informa que aquellos de sus miembros que se pasan a otro partido o sirven a los intereses de otra formación política, prácticamente quedan fuera del PRI, aunque se habla de un proceso meramente burocrático para su expulsión.

 

Esto en relación con el hecho de que el licenciado José Alarcón Hernández, uno de los más brillantes operadores electorales que el priismo poblano ha tenido en décadas, fue designado representante ante el Instituto Electoral del Estado, del partido local Compromiso por Puebla.

 

Lo cierto es que no ha sido expulsado formalmente del PRI, ni uno solo de los militantes que han venido abandonando las filas del partido tricolor desde hace algunos años. El más amenazado, tal vez por ser hijo de quien es, ha sido Fernando Morales Martínez y no ha pasado nada.

 

Todos los que han salido del PRI, reconocen que en ese partido lo aprendieron todo. Elogian su ideología, su política social, su sentido nacionalista, pero sobre todo, su estructura y su organización, características que ha venido perdiendo.

 

Pero también todos, se quejan de sus dirigencias local y nacional. Desde hace algunos sexenios, quienes ascienden a puestos directivos dentro del partido, nos dicen, adoptan poses de propietarios y creen que pueden hacer y deshacer a su antojo. Los viejos militantes, por muy capaces y leales que hayan sido, son vistos como un estorbo, de lo cual se deriva que prácticamente sean desechados.

 

Esta práctica se inició con el salinismo, cuando la clase política tradicional, la que se hizo en la brega partidista fue ignorada para ser sustituirla por egresados de Harvard y de otras universidades gringas.

 

      La tecnocracia salinista se adueñó de todo, para “modernizar” a este país, del que desconocían o habían olvidado su historia.

 

      En el segundo sexenio de los tecnócratas, tuvieron que pasar la estafeta al PAN, para evitar que los mismos priistas los echaran del poder, como ellos pretendían acabar con la clase política tradicional.

 

      Los panistas agudizaron la crisis económica, no resolvieron los problemas más sentidos; desataron la guerra con el narcotráfico y la delincuencia organizada, guerra que se ha venido agravando y que no se sabe cuándo va a terminar. Esa guerra ha costado miles de millones de pesos al Estado Mexicano; cientos de miles de vidas de jóvenes mexicanos y decenas de miles de desaparecidos.

 

     A México ahora lo agobia el desempleo, la pobreza y la pobreza extrema, la inseguridad, el deterioro de sus sistemas educativo y de salud y la terrible descomposición política y social que se observa en todas partes.

 

     Tenemos un gasto enorme para sostener a partidos que cada día son menos importantes para la sociedad y un gasto en seguridad, que parece tirado a la basura, pues el problema no solo no decrece, sino que crece.

 

      Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, están para andar expulsando a sus militantes que se van a otros partidos. Lo que deberían hacer, es analizar porque se están saliendo sus mejores cuadros y hacer proyectos para recuperarlos.