Uber creció en Puebla como una Hidra de diez mil cabezas gracias a las enormes facilidades con las que podría ingresarse al sistema como socio propietario o socio conductor, pero también a la preferencia que miles de poblanos mostraron a la plataforma como una forma de expresar el rechazo a décadas de monopolio de los taxis tradicionales.

Ahora, el enorme negocio de Uber en Puebla que da sustento económico a por lo menos diez mil familias, está en peligro con la iniciativa que el gobernador Gali ingresó al Congreso para endurecer las regulaciones en torno a dos puntos fundamentales: la seguridad de miles de usuarios, así como la prohibición expresa para cobrar sus servicios en efectivo.

Gracias a la iniciativa del gobernador, los hampones ya no podrán colarse en el sistema Uber o Cabify para perpetrar robos violentos. Para ser conductores deberán contar con la licencia mercantil, presentar dos veces al año la carta de antecedentes no penales, aprobar exámenes toxicológicos, psicológicos y psicométricos, e incluso eventualmente someterse a una investigación socioeconómica.

Los choferes de Uber están que trinan por el endurecimiento de los requisitos. No sólo porque ahora será más costoso reunirlos, sino porque muchos no van a pasar, lo que llevará a una reducción del padrón que hoy alcanza poco más de 10 mil.

La plataforma sin embargo, pegó el grito en el cielo: pasó de la docilidad a la temeridad cuando confirmaron que en la iniciativa se establece expresamente que el pago de los servicios sólo se realizará de forma electrónica. Es decir, bye bye al ilegal pago en efectivo del que se beneficiaron casi dos años.

Dice Uber en su carta-pataleta que prohibir el pago en efectivo es un acto de discriminación, una violación de derechos humanos, porque al exigir éste en forma electrónica, miles de poblanos quedarán sin acceso al servicio por no tener cuenta bancaria ni tarjeta. Por supuesto, un argumento absurdo.

En efecto: según los propios datos de la plataforma, 86 por ciento de sus usuarios pagan en efectivo, es decir, alrededor de 326 mil poblanos. Extrapolando números con el dato conocido de sus ingresos a partir del 2017, en lugar de facturar 700 millones de pesos, al eliminar el pago en efectivo sus ingresos se reducirían a aproximadamente sólo 105 millones.

¿Qué va de facturar a 105 millones a 700 de pesos? Pues que Uber dejará de ser un negociazo, la gallina de los huevos de oro. Y que todo ese mercado, nuevamente, regresará a los taxis tradicionales quienes, de facto, serán los beneficiarios de la política de endurecimiento de las medidas de seguridad.

Así, como lo dejamos establecido anteriormente, entre Uber y los taxis tradicionales hay una guerra económica que involucra cientos de millones de pesos al año, y en la que el gobierno de Gali debe ser juez y no parte. La iniciativa para endurecer a las plataformas es excelente, pero debe incluir a los choferes de taxis tradicionales, así como la responsabilidad de los dueños de las concesiones. Que nadie pueda escaparse a brindarle más seguridad a los poblanos en estos tiempos turbulentos.

Por supuesto, Gali no debe dar un paso atrás frente a la presión que Uber y sus choferes ya iniciaron a través de las redes sociales. Tiene a su favor a la opinión pública poblana que aborrece a los tradicionales, pero declarar la guerra posee un efecto intimidante. El gobierno de Puebla no debe renunciar a esa facultad regulatoria, pero no debe dejar títere con cabeza. Uber sí, pero también taxis tradicionales.

*** Privilegiar el trabajo en Puebla. El gobernador Gali tenía invitación para exponer las políticas públicas de Puebla para el 24 de noviembre en el Congreso anual de Smart City. Sin embargo, ayer llamó a Pilar Conesa para cancelar su participación y privilegiar su presencia en Puebla a fin de no bajar el ritmo de trabajo y los trámites para la reconstrucción del sismo.