Mientras autoridades auxiliares y habitantes de las comunidades de Coronango han denunciado, en más de una ocasión, la venta y trasiego de combustible robado, la alcaldesa Hermelinda Macoto Chapuli rechaza que en su localidad se den este tipo de ilícitos.

Como si se tratara de un municipio que ella no gobierna y no tuviera injerencia en la Seguridad Pública, la edil de extracción priista sostuvo que no ‘le han pasado’ el reporte de que ese tipo de delitos se estén cometiendo en Coronango. Agregó, que en las reuniones que sostiene semanalmente en Puebla, no le han dicho que existe huachicol en su zona.

“No tengo ningún reporte de manera oficial, en las reuniones que acudimos los días jueves de municipios de seguridad pública, no tenemos ninguna observación por parte de Seguridad Pública Estatal ni de la XXV Zona Militar. No sé de dónde sacan esos reportes”, respondió.

De acuerdo con notas periodísticas, el año pasado se aseguraron por lo menos 18 de pipas y camionetas en las que se trasladaba huachicol. Y en los ocho meses que van de este 2017, no se ha hecho un solo reporte.

Además, desde el año pasado CAMBIO Regionales ha documentado la venta y trasiego de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en este municipio que colinda con la Autopista México-Puebla.

Hace unos días, la presidenta auxiliar de San Antonio Mihuacán, Mercedes Tepox declaró a medios estatales que en su comunidad diariamente salen un promedio de diez pipas cargadas de combustible extraído de manera ilegal de los ductos.

La presidenta subalterna confirmó la presencia de huachicol en su junta auxiliar, y ventiló que también se ha reflejado en el aumento de los robos con violencia y asesinatos. Ventiló que no tiene patrullas ni policías, y cuando requieren de un auxilio, los elementos llegan una hora después. 

De acuerdo con información publicada por CAMBIO Regionales, el litro de hidrocarburo es comercializado a 12 pesos y 12.50 en Coronango. 

Hay que recordar que la madrugada del pasado 18 de julio del 2016, se suscitó un gran derrame de crudo en la zona de San Francisco Ocotlán en un  predio denominado ‘Tlalarcina’, ubicado cerca de la autopista a Tlaxcala, a consecuencia  de una toma clandestina. El resultado fue el desalojo de cientos de familias, y una mega laguna de combustible que fue saneada medio año después.