La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburo que contempla penas de hasta 30 años de cárcel contra quien ‘ordeñe’ un ducto de Pemex, no es suficiente para exterminar la red de tráfico de gasolina que hay en Puebla, consideraron académicos del Tecnológico de Monterrey y de la Udlap.

En entrevista telefónica con CAMBIO, Gerardo Rodríguez Sánchez, coordinador de estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla opinó que la mafia de huachicoleros en la zona del Triángulo Rojo no acabará, dado que no todo el tiempo los policías militares vigilarán los ductos.

Además, opinó que por la colusión que existe entre el personal de Pemex y autoridades locales con las bandas de ladrones de gasolina, la reforma a dicha ley que fue avalada apenas hace una semana a propuesta del diputado federal del PAN, Eukid Castañón, no acabará con el mal.

“Lo que se ha invertido en seguridad en Pemex no ha sido para detener, para generar la inteligencia que se puede hacer para evitar esto (el robo de hidrocarburo)”, señaló.

Esta cadena de corrupción, explicó, ha incurrido en un problema social que afecta a todo el país, y un ejemplo es el ‘tema del gasolinazo’ que se pudo haber evitado tras la pérdida de más de 2 mil millones de pesos por el robo de 119 millones 100 mil litros obtenidos de 2 mil 987 tomas clandestinas.  

Consideró que es personal de Pemex el que conoce la presión de sus poliductos (donde además de petróleo pasa gas) y por tanto, tiene el conocimiento de dónde se están extrayendo de manera ilegal estos energéticos.

En tanto, Juliana Vivar Vera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Puebla consideró que endurecer las penas no solucionará el problema.

“Hay discrepancia entre la creación de las leyes, las penas que se establecen y obviamente con lo que está sucediendo en la realidad”, explicó en una entrevista para CAMBIO.