El gobierno de Antonio Gali Fayad solventó ante la ASF las dos observaciones realizadas contra el MIB, que consistían en la aclaración por una diferencia de 100 millones de pesos en el pago de contraprestaciones y por un anticipo otorgado al desarrollador.
Se observó que el costo de construcción y equipamiento aumentó 14 millones de pesos pasando de 760 a mil pesos en una primera instancia a 774 millones de pesos, ésta quedó justificada en que el anticipo no modificó “los porcentajes del costo financiero ya que fue una disposición de recursos propios del desarrollador”, dice el comunicado emitido por la Secretaría de la Contraloría.
Respecto a la segunda observación la ASF determinó que la contraprestación anual de 100 millones de pesos es cubierta por el gobierno estatal para cumplir los estándares de desempeño, por lo que se requirió contratar más elementos de servicio para operar y mantener el museo ‘en condiciones adecuadas de operación funcionamiento’.
Primera denuncia de la ASF vs morenovallistas
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia por presunta malversación de recursos públicos durante la administración de Rafael Moreno Valle en contra de ex funcionarios responsables del desfalco de 122 millones 363 mil 567 pesos de pesos que recibió el gobierno estatal durante 2011 bajo el programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
Se trata de la primera denuncia penal en contra del Gobierno del Estado de Puebla pues en administraciones anteriores no se había presentado el mal manejo de recursos. Ésta inició el 12 de mayo.
Cabe señalar que el ex gobernador Rafael Moreno Valle dejó un monto de seis mil 613 millones 325 mil pesos por solventar, así como 122 observaciones realizadas en su cuenta pública 2015 entre las que se encuentran el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, las obras realizadas en la zona arqueológica de Cholula, el Estadio Cuauhtémoc y la Línea 2 de la Red de Transporte Urbano Articulado (RUTA).
Los motivos de la denuncia
El primer año de gobierno de Moreno Valle (2011) recibió 242 millones 100 mil pesos de los cuales sólo pudieron justificar el 59.3 por ciento, es decir 143 millones 690 mil pesos. Este dinero era para proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, caminos rurales y carreteras alimentadoras en 16 municipios de los cuales destaca Atlixco, Amixtlán, Tlaola, Ajalpan, Tlatlauquitepec entre otros con comunidades indígenas con un alto índice de marginación.
De las 14 observaciones que se realizaron sólo seis fueron justificadas, el resto quedaron pendientes identificándose un probable daño patrimonial de 122 millones 363 mil 567 pesos.