Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió al PRI aclarar si los guaruras armados que acompañaron al precandidato presidencial José Antonio Meade en su visita a Puebla eran miembros del Estado Mayor Presidencial o fueron financiados por la propia institución.

El líder empresarial consideró que es necesario aclarar la procedencia de los guardias de seguridad del precandidato para evitar que esto genere mal entendidos de cara a la contienda electoral del próximo año, pues se debe especificar los recursos que se utilizaron para la contratación de los mismos.

Dijo que de no hacer la aclaración se estaría cometiendo un abuso por parte del ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que pondría en desventaja al resto de precandidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo año.

“Habrá que investigar si efectivamente era personal del Estado Mayor Presidencial o de alguna otra dependencia, o eran personas y elementos privados contratados de manera directa por él”, dijo en entrevista.

Es necesario que tengan equipos de seguridad

Carlos Montiel reconoció que todos los aspirantes a una candidatura deben de contar con personal de seguridad ante cualquier imprevisto que pueda suceder durante un acto de campaña, sin embargo se debe precisar el origen de sus equipos de seguridad.

“Desconozco si esté tipificado como un asunto que esté prohibido pero a lo mejor no por el Estado Mayor Presidencial pero todos lo candidatos y precandidatos que van saliendo necesitan salvaguardar su seguridad”, expresó.

CAMBIO dio a conocer que José Antonio Meade estuvo custodiado por elementos armados del Estado Mayor Presidencial durante su visita a Puebla el pasado sábado en un evento al que sólo acudieron miembros del PRI.

Cabe mencionar que el reglamento del Estado Mayor Presidencial precisa que su principal función es la de proveer seguridad al presidente de la nación, sin embargo existen situaciones en las que se pueden emplear elementos del organismo técnico militar para darle seguridad a otras personas según sean las instrucciones del ejecutivo nacional.