Por incumplimiento en sus funciones y violentar la normatividad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal, durante el 2017 fueron sancionados 12 funcionarios públicos con multas económicas y amonestaciones privadas. Sólo uno de ellos fue suspendido de su cargo.
De acuerdo con información de la página de transparencia del órgano judicial, se trata de tres secretarios de acuerdos, ocho diligenciarios y una mecanógrafa, quienes ‘actuaron de manera irresponsable’; las partes afectadas presentaron la queja correspondiente para que se les aplicara una sanción administrativa.
Todas estas resoluciones fueron validadas durante octubre del año pasado, a pesar de que algunas de ellas fueron presentadas durante el 2016.
Suspenden a diligenciario de Chiautla de Tapia
Gabriel Galván Canto, quien fungió como diligenciario del Juzgado Civil y Penal Chiautla de Tapia, fue suspendido de su cargo por “No cumplir en términos de ley con sus obligaciones”, según el número de expediente 02/2015.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, Galván Canto se hizo acreedor a la suspensión del cargo, sin embargo, la resolución no se encuentra visible en la página de internet, a pesar de ser una exigencia su publicación dentro de dicha plataforma con base en el artículo 77 en las Obligaciones de Transparencia, competencia del Ernesto Gabriel Genis Diez, director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, quien es el responsable de publicar dicha información.
Por tal situación se desconoce si esta suspensión fue definitiva o temporal, ya que antes había sido amonestado con 30 días de salario mínimo por haber ejecutado una diligencia sin mediar orden del juez.
Dicta TSJ siete sanciones económicas
Las sanciones económicas que fueron dictadas por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado fueron desde los dos a los 30 días de salario mínimo vigente, siendo éstas de los 160 a los dos mil 400 pesos, aproximadamente.
La sanción de menor peso fue en contra del diligenciario del Juzgado Penal del distrito judicial de Tehuacán, Ángel Bautista Ángeles, por la falta administrativa de Nulidad de Notificaciones, por haber realizado notificaciones de forma deferente a las dispuestas por la ley en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
María del Carmen Coral Corona Ureña, diligenciaría de la jurisdicción de Tepeaca, recibió dos sanciones económicas por 15 días de salario mínimo, ambas por negarse a realizar la notificación en cumplimiento a la ejecutoria de Amparo.
Mientras que otras tres sanciones fueron por el máximo de 30 días de salario mínimo, siendo las faltas las de demorar sin causa justificada el despacho de los asuntos que tiene encomendados; ejecutar una diligencia sin mediar orden del juez ni mucho menos acuerdo expreso que así lo indicara legalmente y contravenir las disposiciones de la ley, así como dejar de cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes aplicables o que les señalen sus superiores.
Amonestaciones privadas
Este tipo de correcciones disciplinarias se aplican cuando se produce un primer llamado de atención en contra de un servidor público que pertenece al TSJ, que en caso de reincidir en ellas, podrían llegar a las destitución del puesto y una inhabilitación de hasta 12 años de cualquier cargo público.
Estas amonestaciones fueron por: el extravío de expedientes; dar cuenta fuera del término legal; realizar una notificación incorrecta y demorar sin causa justificada el despacho de los asuntos que tiene encomendados, ya que la omisión demoró y dificultó el ejercicio de los derechos de las partes.