Pablo Fernández oculta expediente de Juárez Acevedo

PAN distribuyó ayer un extracto de la investigación realizada por Sedecap

El comisionado mentiroso de la CAIP se defiende y su argumento principal es asegurar que él nunca consintió ni autorizó el nombramiento como secretario general de Plataforma Cuatro

Selene Ríos Andraca / Yonadab Cabrera Cruz

El diputado priista Pablo Fernández del Campo se sumó a la estrategia para proteger a Antonio Juárez Acevedo, al negarles a los miembros de la Comisión de Gobernación el acceso al expediente del presidente de Acceso a la Información Pública (CAIP), quien ocultó su cargo de secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro por contravenir con la legislación local.

La bancada de Acción Nacional distribuyó ayer un extracto de la investigación realizada por la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) en contra de Juárez Acevedo, misma que detalla que la dependencia marinista solicitó al Instituto Federal Electoral la documentación original de la inscripción de Plataforma Cuatro como agrupación política nacional. En respuesta, IFE comentó que el historial de Plataforma Cuatro había sido recogido en el año 2000 por el líder Marco Tulio Zárate.

El extracto desprende los puntos medulares de la raquítica defensa que presentó Juárez Acevedo, en la que amén de acusar al Instituto Federal Electoral de mentir, asegura que su registro como secretario general sí existe pero que él nunca avaló el nombramiento. Por lo que asegura que Plataforma Cuatro, de su amigo Marco Tulio Zárate, y el órgano electoral le violan su derecho de libre asociación.

La investigación de Sedecap, cuyo resolutivo mantiene en secreto Pablo Fernández del Campo, fue remitida al Congreso local desde diciembre del año pasado, y casi dos meses de que rindieron protesta como diputados, los miembros de la Comisión de Gobernación no conocen el expediente, denunció el coordinador de los panistas, Eduardo Rivera Pérez.

Desde el pasado 10 de enero, los miembros de la LVI Legislatura rindieron protesta como diputados y alrededor del 20 de enero fueron instaladas las comisiones legislativas. El caso de Juárez Acevedo es prioridad, debido a que la figura de la Comisión y de su presidente se encuentra en entredicho.

La investigación de Juárez Acevedo se inició a petición de la bancada panista de la Legislatura anterior, ya que el diputado Raymundo García García presentó un punto de acuerdo para iniciar la destitución del comisionado.

El 24 de septiembre, Cambio publicó que Antonio Juárez Acevedo mintió a los diputados de la LV Legislatura al postularse como candidato a comisionado de Acceso a la Información Pública, puesto que desde 1999 hasta la fecha funge como secretario general de la agrupación política nacional (APN) Plataforma Cuatro, hecho que viola de manera flagrante los artículos 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información, que prohíben a los comisionados tener un cargo como dirigente partidista, así como el 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cambio dio cuenta de una copia certificada por el Instituto Federal Electoral (IFE), firmada por el secretario ejecutivo, Manuel López Bernal que dice: “Según documentación que obra en los archivos de este Instituto, el licenciado Antonio Juárez Acevedo, se encuentra registrado como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional denominada ‘Plataforma Cuatro’ (…) a los 28 días del mes de agosto del año 2007”.

Para constatar que Antonio Juárez continúa formando parte de la Dirigencia Nacional de la agrupación política basta pulsar en la siguiente dirección de Internet, donde se encuentra el registro de las APN avaladas por el IFE:

http://www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/PPP/docs_pdf/APNSDIRECTORIO.pdf

Raymundo García presentó el oficio original del IFE que constata que Juárez Acevedo era hasta agosto de 2007 el secretario general de Plataforma Cuatro y con 38 votos a favor el 18 de octubre, la LV Legislatura le requirió a Sedecap iniciar la investigación.

El expediente

Aunque la LV Legislatura —encabezada por el priista Pericles Olivares Flores— solicitó a la contraloría una investigación “y de ser el caso, se incoe el procedimiento para determinar la responsabilidad de Juárez Acevedo”, la Sedecap no remitió ningún resolutivo, sino que solamente presentó las indagaciones realizadas para que el Congreso determine el futuro del comisionado embaucador.

El expediente que cuenta de más de 300 fojas y de las que PAN solamente ha tenido acceso a un abstracto se desprende la defensa presentada por Juárez Acevedo ante la dependencia marinista, misma que se centró en asegurar que él nunca autorizó su su registro como secretario general.

El siete de diciembre de 2007, Juárez Acevedo presentó un escrito conformado de seis hojas para establecer que: “El suscrito no es, ni ha sido dirigente de asociación política alguna, ya que el registro al que se hace referencia en el documento que se anexa a la acusación que hoy contesto, consisto en la certificación emitida por el secretario Ejecutivo del IFE, Manuel López Bernal, fue realizado sin mi conocimiento, por no haber consentido en ningún momento el citado nombramiento ni su registro, violándose de manera flagrante mi derecho de libertad de asociación contenido en el artículo 9 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

El presidente de la CAIP argumenta que su registro como secretario General de Plataforma Cuatro es ilegal, así como el certificado emitido por el IFE, puesto que López Bernal nunca pidió el consentimiento del acusado para realizarlo.

“La certificación emitida por el licenciado Manuel López Bernal de fecha 28 de agosto de 2007, sustento de la acusación que se me hace, no le fue acompañada documentación alguna que avale, respalde y legitime dicha “dirigencia”, por lo que considerando la garantía de libre asociación contemplada por el artículo 9 constitucional (…) se trata de un registro ilegal, al no haberse cumplido con la obligación de verificar el cabal cumplimiento de los estatutos que rigen la vida interna de Agrupación y que se encuentran registrados en el IFE (…)”.

La ilegalidad en la que recurrió el Instituto fue, según el comisionado: “El IFE no dio cumplimiento a las atribuciones legales y jurisprudenciales que le competen para verificar la legalidad de la designación de los dirigentes de la Agrupación Política en mención, por lo que el registro no puede obedecer, de manera alguna, al simple dicho o declaración unilateral”.

Los actos celebrados entre Plataforma Cuatro y el IFE, continúa la defensa de Juárez, “son totalmente ajenos a mi persona, ya que si bien existe un registro de dirigentes como lo establece la certificación expedida, esta no acredita que dicho registro sea legal, que tenga sustento documental, estatutario y muchos menos que se haya hecho conforme a la normatividad aplicable (…) ya que como quedó acreditado dicho registro no contó con mi conocimiento, consentimiento, autorización ni participación, por lo que se desprende que se  trata de un registro ilegal”.

Debido a que el órgano electoral negó la documentación original del registro de Plataforma Cuatro porque en el año 2000 su entonces dirigente Marco Tulio Zárate recogió la información, Juárez Acevedo se escuda en ello para asegurar que el IFE no cuenta con la documentación porque él nunca consintió su nombramiento como secretario general.

“Se determina que no existe en el IFE documentación alguna que avale el nombramiento como Secretario General que me imputa y esto se debe, de manera obvia, a que el suscrito nunca consintió, participó, firmó, conoció algún documento o proceso en el que se haya autorizado el nombramiento que se me atribuye”.

La conclusión de la contraloría —encabezada por Víctor Manuel Sánchez Ruiz— determina: “Se pone a consideración del Congreso del Estado de Puebla, para darle vista sobre las diligencias de investigación de los hechos, a efecto de si dicha instancia legislativa estima pertinente valorarlas y/o en su caso ordenar su ampliación, determine lo que en derecho corresponde”. 

Trata de justificar protección al consejero mentiroso

A pesar de que el expediente del caso del presidente de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, fue enviado por la Sedecap al Congreso del estado el 17 de diciembre, los diputados aún no han tenido acceso dicho documento, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo.

“En esta misma semana procuraré que le llegue a los compañeros diputados que integran la Comisión de Gobernación el expediente de Juárez Acevedo”.

Además, Fernández del Campo negó que pueda haber protección por parte de la Sedecap a Juárez Acevedo, pues según el legislador, la dependencia del gobierno estatal solo hizo un análisis del caso: “pero finalmente la decisión está en manos del congreso”.

Asimismo, se negó a dar detalles del contenido del expediente, así como las conclusiones a las que llegó la Sedecap y para evadir las preguntas reiteró en diversas ocasiones que es un documento con más de 300 cuartillas, el cual debe ser analizado minuciosamente.

—¿No va lento, no se está retrasando la revisión?

—Insisto, son más de 300 hojas, por supuesto que implica un trabajo de síntesis, de análisis y sobre todo estar extrayendo las conclusiones para que se les pueda compartir a los diputados y tengan un criterio más amplio, para que decidan su voto a favor o en contra de este importante caso.
—¿Cuándo se les entregaría a los demás integrantes de la Comisión de Gobernación?

—Yo me estoy esforzando porque sea esta misma semana. Antes de que termine el primer periodo de sesiones, esperamos tener ya una  una resolución parcial o incluso definitiva.
—De lo que ha podido leer, ¿qué pueden concluir?

—Tenemos un primer avance, que es el informe de Sedecap, donde recibió las pruebas el funcionario en cuestión, y eso es lo que nos ha turnado, para que junto con los demás elementos que forman este expediente, los diputados estemos tomando nuestras propias decisiones.
—¿Qué tienen esas pruebas?
—Todavía no llego a la parte de las pruebas.