Hoy desempolvan expediente de Juárez Acevedo

Luis Alberto Arriaga remarca su ignorancia en aras de proteger al presidente de la CAIP.

Ante las presiones y las críticas que ha recibido de parte de Acción Nacional y de medios de comunicación, Pablo Fernández incluyó el análisis del comisionado mentiroso en los asuntos generales de la sesión de Gobernación de este día.

Selene Ríos Andraca / Efraín Núñez Calderón

Después de reposar casi tres meses en el Congreso local y ante la presión de la bancada del PAN, así como de algunos medios de comunicación, por fin Pablo Fernández del Campo incluyó el análisis del expediente de Antonio Juárez Acevedo en la sesión de la Comisión de Gobernación de este día.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo, ha mantenido en la opacidad el expediente del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) que ocultó su cargo como secretario general de la agrupación política nacional “Plataforma Cuatro”, violentando así la legislación local.

La Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) realizó una investigación en contra del cuestionado comisionado a petición de la LVI Legislatura y entregó el expediente desde el pasado 17 de diciembre. Y aunque la pesquisa de la dependencia marinista carece de resolutivo alguno, contiene la prueba inapelable que hunde al comisionado.

Aunque Pericles Olivares Flores, ex presidente de la Gran Comisión de la LVI Legislatura, había prometido que antes de que terminara su periodo resolvería el caso de Juárez Acevedo, el tema fue rezagado y a la nueva Legislatura parece no importarle tanto.

El propio José Othón Bailleres, presidente de la Gran Comisión del Congreso local, dijo en su primera conferencia de prensa que para él no era relevante resolver el escándalo del presidente de la CAIP, ya que él tenía otras prioridades como educación, salud y desarrollo social.

A mediados de enero, el expediente de Juárez Acevedo fue turnado a la Comisión de Gobernación y desde entonces, los diputados de oposición —la bancada panista y José Manuel Pérez Benigno— han solicitado una copia de la indagatoria, pero Pablo Fernández ha preferido reservarla en su afán de proteger al funcionario de la CAIP.

La dualidad de funciones de Juárez Acevedo fue revelada por Cambio desde el 24 de septiembre, cuando esta casa editorial publicó un certificado del Instituto Federal Electoral (IFE) que establece que hasta el 28 de agosto de 2007, el presidente de la CAIP fungía también como secretario general de una agrupación política, violentando los artículos 27 de la Ley para el Acceso a la Información y el 50 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Desde la publicación del certificado del IFE, diputados del PAN, PRI y PRD exigieron la renuncia del comisionado, pero todo indica que la nueva legislatura pretende respaldar que el presidente de la CAIP se mantenga en su cargo, pese a la evidencia que existe en su contra.

La impunidad que hoy goza Juárez Acevedo deviene también del respaldo de la propia Contraloría estatal, cuya investigación a modo se limitó a pedirle al IFE unos documentos inútiles para respaldar la culpabilidad del comisionado.

La Contraloría estatal, encabezada por Víctor Manuel Sánchez Ruiz, realizó una investigación a modo para proteger al comisionado mentiroso de Acceso para la Información Pública (CAIP), según consta en los oficios dirigidos al Instituto Federal Electoral (IFE) para determinar la relación de Antonio Juárez Acevedo con la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

De acuerdo al oficio 1739/2007, Víctor Manuel Sánchez solicitó a la Secretaría General del IFE copia certificada del expediente de Plataforma Cuatro para integrarse como agrupación política nacional, cuando en realidad la Contraloría debió requerir un documento que estableciera si hasta agosto de 2007, Juárez Acevedo seguía formando parte de la dirigencia de Plataforma Cuatro, documento semejante al publicado por Cambio el 24 de septiembre del año pasado.

La acción de Sánchez Ruiz para proteger a Juárez Acevedo se evidencia en el oficio 1739/2007 —entregado a Cambio por fuentes del IFE—, mediante el cual el contralor le pide al IFE: “Copia certificada del expediente integrado por la Agrupación Política Nacional denominada Plataforma Cuatro, para acreditar ante este instituto los requisitos que al efecto exige el artículo 35 del Código (Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales)”.

Lo que pidió el funcionario marinista al IFE son los requisitos para inscribir a una agrupación política, según el artículo 35 del Cofipe, mas no requirió un historial o los estados de cuenta de la agrupación, donde sí figura Antonio Juárez como secretario de Plataforma Cuatro.

Esto es lo que pidió Sedecap y la base fundamental con la que pretende exonerar al comisionado embaucador: “Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el instituto los siguientes requisitos: a) Contar con un mínimo de 5 000 asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas; b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido; Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.”

Y a pesar de la evidente chicanada, Luis Alberto Arriaga insiste en que ese documento es prueba fundamental para la defensa del comisionado.