No hay narcoterrorismo en México, aseguran panistas

Diputados federales dicen que el ataque de Morelia, Michoacán, no debe ser calificado de esa manera

Alfonso Bello Pérez, diputado federal del PAN, advierte que lo ocurrido en Morelia es un caso similar a lo que ha sucedido en Colombia, por lo que reconoce que le preocupa que el crimen organizado se haya metido con la ciudadanía

Olivia López Pescador

Aún no es momento de denominar el ataque perpetrado en Morelia, Michoacán, como un atentado narcoterrorista, ya que todavía se le puede catalogar como un acto cometido por el crimen organizado o el narcotráfico que ha reaccionado porque el gobierno lo ha enfrentado, y que si se le diera el nombre de narcoterrorismo “se tendría que aceptar que son hechos permanentes y se tendrían que restringir la garantías individuales, como lo han hecho otros países”, explicó el legislador federal del PAN Arturo Flores Grande.

Dejó en claro que los panistas no minimizan lo ocurrido en Morelia el 15 de septiembre, pero que si se le denominara narcoterrorista al atentado, se tendrían que restringir las garantías individuales, como en otros países donde incluso hay estado de excepción para poder combatir el narcoterrorismo, “lo cual afectaría a la sociedad”.

Mientras tanto, Alfonso Bello Pérez, diputado federal del PAN, advirtió que lo ocurrido en Morelia es un caso similar a lo que ha sucedido en Colombia, y admitió que le preocupa que el crimen organizado se haya metido con la ciudadanía, ya que posteriormente podría atentar contra los legisladores para tratar de desprestigiar al gobierno “para demostrar que los gobiernos, en todos sus niveles, no pueden con el paquete de la seguridad”.

En nuestro país, dijo, al igual que en Colombia, “cuando el narco empezó a ser golpeado por el gobierno, se empezó a meter con la población, cosa que antes no hacía. Aquí en México ya ocurrió, eso es muestra de que el gobierno le está pegando al narco y el narco está mandando un mensaje de que ya no se metan con él”.

Bello Pérez indicó que es preocupante que el presupuesto de seguridad no sólo se esté ejerciendo de manera discrecional como sucede en Puebla, sino que esté sirviendo para “financiar” a la delincuencia, ya que, acusó, “existen criminales incrustados en el gobierno, de todos los niveles, como sucedió con la mujer que participó en el secuestro del joven Martí y que pertenecía a la AFI”.

Sus compañeros de partido Arturo Flores Grande y Violeta Lagunes Viveros descartaron la posibilidad de incrementar su seguridad personal, ya que dijeron que es innecesario y que esta actitud los alejaría de la ciudadanía.

Flores Grande reconoció que la sociedad se encuentra temerosa por la inseguridad, pero aseguró que, como legislador, confía en que el Estado mexicano ganará la batalla contra el crimen organizado y no sólo dotándolo de mejor armamento, sino con inteligencia y estrategia. “A los cuerpos de seguridad se les va a dotar de mejor armamento y de mayores recursos, pero se van a depurar las corporaciones”.

Asimismo, detalló que la propuesta de la ley de “extinción de dominio” refiere que todos los bienes y recursos que sean utilizados por la delincuencia organizada van a pasar a manos del Estado para que se utilicen en políticas públicas.

Violeta Lagunes Viveros, diputada federal del PAN, destacó lo siguiente: “Somos un ejército de 106 millones de mexicanos, debemos permanecer unidos en esta lucha contra el crimen organizado. Los criminales están generando violencia para producir temor porque estamos afectando sus estructuras, sus bienes y el poder que detentaban en nuestro país”.

Por último, recordó que el Ejecutivo federal asignó 53 mil 962 millones de pesos para atender los temas de orden, seguridad y justicia en 2009, monto superior en 32.9% al aprobado en 2008.

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