Juárez Acevedo alarga su agonía

Solicita una semana más para hacerse de pruebas que lo ayuden a defenderse

Acción Nacional promovió la suspensión provisional del cuestionado presidente de la CAIP, empero, el tricolor lo impidió argumentando que afectaría el funcionamiento interno del organismo y que su titular podría utilizarlo para ampararse ante los tribunales

Selene Ríos Andraca

A pesar de que su sentencia está firmada, Antonio Juárez Acevedo se aferra a la idea de mantenerse al frente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), con la argucia jurídica de diferir la fecha de su comparecencia ante la Comisión de Gobernación para hacerse de pruebas que eviten su ya irremediable destitución del organismo.

La Comisión de Gobernación decidió el pasado 9 de septiembre iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de Juárez Acevedo por ocultar su cargo político como secretario general de la agrupación Plataforma Cuatro y lo llamó a comparecer para el viernes 19 de septiembre.

La mañana del viernes llegó, pero Toño Juárez no pisó la sede el Poder Legislativo. Fueron sus abogados Efrén Escobar Sánchez y Jorge Alcaraz quienes acudieron a la cita, pero solamente para requerir un aplazamiento de la comparecencia que se realizará el próximo 25 de septiembre a las cinco de la tarde.

La decisión de aplazar la comparecencia fue aprobada por unanimidad, ya que de acuerdo a los tiempos jurídicos, el Congreso tiene hasta 15 días hábiles para garantizar el derecho de audiencia una vez que inicie el procedimiento de responsabilidades y el próximo jueves es el día límite.

Los argumentos de Juárez Acevedo para alargar su agonía fueron: el grosor del expediente remitido por el Instituto Federal Electoral y profundizar en el análisis del mismo, para refutar las documentales públicas y certificadas con lo que se le ocurra en los próximos días.

El presidente de la CAIP lo único que está ganando es tiempo, pues a pesar del aplazamiento de su comparecencia, el Poder Legislativo tiene 30 días hábiles para emitir una resolución en su contra por haber ocultado su filiación como secretario general de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

De acuerdo a los cálculos del priista Pablo Fernández, si Juárez Acevedo no recurre a más artilugios jurídicos, para el próximo 6 de noviembre la Comisión de Gobernación tendrá ya un resolutivo que será avalado por el pleno del Congreso en una sesión ordinaria.

La Comisión aceptó el aplazamiento porque está marcado en la ley, y a decir de Pablo Fernández y de Rocío García Olmedo, no pueden negarle absolutamente nada al inculpado, pues corren el riesgo de que se ampare ante tribunales federales por el procedimiento jurídico en su contra.

“De no hacerlo, corremos el riesgo de que se ampare, de que busque jurisprudencias y demás. Lo que está pidiendo está apegado a derecho y no podemos rechazar su petición, que solamente retrasa la decisión unos cuantos días”, enfatizó Fernández del Campo.

Pese a la ausencia del presidente de la CAIP y del aplazamiento de la audiencia, los abogados de Juárez Acevedo estuvieron en el Congreso más de tres horas. Arribaron en punto de las 10 de la mañana y abandonaron el salón de sesiones poco antes de la una de la tarde.

Tanto Efrén Escobar Sánchez como Jorge Alcaraz se negaron a dar detalles y huyeron de la prensa diciendo: “No tengo comentarios” y “No hablaré del tema”, respectivamente.

Una de las principales razones por las que se alargó tanto el encuentro entre los abogados del funcionario y los legisladores, fue porque la bancada de Acción Nacional propuso la suspensión temporal de Juárez Acevedo, petición rechazada por la mayoría priista.

AN y PRD piden
suspensión temporal

La diputada panista Leonor Popócatl propuso por escrito ante la Comisión de Gobernación la suspensión temporal de Antonio Juárez para que utilizara el tiempo en armar su defensa, sin que su cargo ante la CAIP le estorbara, sin embargo, la fracción priista lo impidió.

La petición de Acción Nacional, a la que se sumó el perredista Melitón Lozano estuvo basada el artículo 68, fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El artículo establece que: “La autoridad competente para imponer las sanciones administrativas, se sujetará al siguiente procedimiento (…) En cualquier momento, previo o posteriormente al citatorio al que se refiere la fracción I del presente artículo, la autoridad competente podrá determinar la suspensión provisional del probable responsable de su empleo, cargo o comisión, si a juicio de la misma, así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión provisional no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute.”

Fue la legisladora Rocío García Olmedo la que impidió la suspensión de Antonio Juárez, aduciendo que de hacerlo se afectaría el funcionamiento interno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y que la permanencia de Juárez en el organismo no contravenía con la investigación.

García Olmedo —maestra en derecho— explicó que la suspensión de Antonio Juárez dejaría a la CAIP solamente con dos comisionados al frente, provocando empates en las sesiones del órgano colegiado. Hecho que podría generar en una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que abonara a la defensa del presidente de la CAIP.

“No queremos enriquecer una acción de inconstitucionalidad. La CAIP requiere del voto de tres comisionados, además Antonio es el presidente y tiene el voto de calidad a diferencia de los otros dos comisionados, si lo suspendemos vamos a afectar el funcionamiento del organismo.”

A decir de García Olmedo, aceptar la suspensión del presidente —sin que éste afecte el procedimiento en su contra— sería trastocar las garantías de Juárez Acevedo, dándole armas jurídicas para que se ampare ante los tribunales por el procedimiento en su contra.

“No podemos arriesgar el resolutivo ni el procedimiento por una suspensión sin argumentos jurídicos, no nos vamos a arriesgar a ello”, enfatizó García Olmedo.

Sin embargo, para los diputados panistas Eduardo Rivera y Leonor Popócatl, la negativa de la mayoría priista al interior de la Comisión de Gobernación es una prueba fehaciente de que el presidente de la CAIP cuenta con el apoyo y la protección de los tricolores.

Por último, el legislador petista Pepe Momoxpan, consideró que Juárez Acevedo se estaba burlando de la soberanía del Congreso al ignorar el llamado a comparecencia que hiciera la Comisión de Gobernación hace 15 días.

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