Amenaza SCT con expropiar para construir negocarretera

En su comparecencia ante el Congreso, Valentín Meneses dijo que la obra se concluirá antes de concluir el sexenio

Miguel Ángel Cordero

Contra los ejidatarios que tienen sus tierras en el Arco Norte se lanzará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues por primera vez y en el día de su comparecencia el titular de la dependencia estatal arremetió contra los lugareños amenazándolos con expropiar sus tierras si no entregan sus predios.

Ayer, en su encuentro con los diputados locales de los distintos partidos políticos, el funcionario estatal presentó las actividades que impulsó la dependencia que dirige desde marzo de 2008. Todas las críticas se concentraron en la concesión que hizo el gobierno del estado a la empresa española Obrascon-Huarte-Lain (OHL) para edificar dicho libramiento carretero.

Posteriormente, en entrevista, Meneses Rojas manifestó que la intención del gobierno es terminar la obra antes de que el sexenio del gobernador Mario Marín Torres acabe, y aunque en un principio dijo que recurrirían al dialogo, después refirió que la expropiación de casi tres kilómetros lineales podría ser la última opción.

El conflicto que impide el avance de la obra son los reclamos de ejidatarios de las juntas auxiliares de San Miguel Espejo, La Resurrección y Xonacatepec, quienes no quieren ceder sus tierras ante el temor de que el pago sea mínimo con relación al precio que adquirirán los terrenos.

Pero Meneses Rojas reiteró el temor de los ejidatarios, pues señaló que se buscará entregar un pago justo por tierras que no tienen servicios de agua potable, cercanía con la ciudad o riqueza mineral para el cultivo.

Precisó que el anteproyecto de construcción del Arco Norte lleva un avance de 90 por ciento; el proyecto ejecutivo tiene un adelanto de 15 por ciento y estará listo hasta junio, y esperan que el derecho de vía —la compra de los terrenos a los campesinos— se obtenga entre febrero o marzo, dado que ya hay un avance de 70 por ciento en la adquisición de terrenos.

Cuando se le cuestionó quién pagaría la indemnización, respondió que el gobierno del estado “no invertiría ni un peso”, debido a que en los considerandos del convenio se establece que OHL sería responsable de toda la inversión.

No obstante este pago que hará la empresa a los ejidatarios constituye una violación a distintas leyes reguladoras de la adquisición de tierras, explicó antes el diputado del PT José Manuel Pérez Vega, ya que el gobierno debe en primer lugar adquirir las tierras —a través de un pago— y luego entregárselas al particular. De otra forma, el gobierno está permitiéndoles a las empresas adueñarse de tierras que no les pertenecen.

Meneses Rojas reconoció que este conflicto por el derecho de vía retrasará la obra e incluso podría incrementar los costos, aunque no se mostró preocupado porque insistió en que “el gobierno no pone ni un peso” en la inversión del libramiento.
A esto se suma el hallazgo de vestigios prehispánicos en la obra de los cuales el responsable de la SCT no tiene información precisa respecto a si son vasijas o ruinas, lo que provocaría un cambio del trazo vial si es que no pueden removerse tales objetos.

SCT menosprecia dictamen de la Profepa

Respecto a la denuncia que enfrenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública (Seduop) por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a que el trazo de los accesos viales a La Célula agredió a especies nativas de matorrales, Meneses Rojas rechazó tal hecho diciendo: “Tenemos todos los permisos habidos y por haber”.

El titular de la SCT consideró como una estrategia de ataque político del PAN, debido a que el gobierno federal está integrado por representantes de este partido, los señalamientos de la Profepa, ya que resulta extraño que después de dos años de que el proyecto iniciara “nos vengan con que hay especies nativas”.

Meneses Rojas insistió en que la construcción de los accesos viales contó con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN) del gobierno estatal, por lo que menospreció los dictámenes de la instancia federal.

Sin embargo, de acuerdo al dictamen técnico elaborado por el departamento de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Profepa, Meneses se equivoca, pues existen afectaciones al ecosistema del lugar que de no ser reparadas, obligarían a que la dependencia cierre las vialidades.

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