Nuevos escándalos de Javier García Ramírez

Lo acusan de favorecer a sus amigos constructores y hasta de no pagar por las obras

Dyccsa demandó al titular de la Seduop ante el Juzgado Primero de lo Civil por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y obra extensiva, reveló el administrador general de la constructora

Miguel Ángel Cordero

Las irregularidades con las que Javier García Ramírez ha operado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública (Seduop) le han explotado a unas horas de que rinda su comparecencia, éstas van desde la entrega ventajosa de obra pública al constructor Eduardo Rivera Santamaría, hasta la falta de pago por más de 13 millones de pesos a la empresa Diseño y Construcciones Civiles SA de CV (Dyccsa).

La construcción de la calzada Alfredo Toxqui, en la junta auxiliar de San Aparicio, y cuyo costo se estableció en 19 millones 122 mil pesos, estaba licitada a las empresas Proyectos y Estudios Especializados de México (Proyecta) y Concretos Especiales Mexicanos (Cemsa). Lo anterior se da cuenta en el contrato OP/LPE/SEDUOP-20071176-02, que fijó como fecha de término el 27 de junio del año pasado.

Pero ambas empresas pertenecen al mismo dueño, Eduardo Rivera Santamaría, lo cual constituye una violación a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. Entrevistado por Cambio, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla aseguró que la normativa no permite que las obras se queden en un solo constructor.

“No estoy muy enterado del caso, pero no es posible. La ley no le permite a un constructor tener varias licitaciones o que varias de sus empresas participen en una misma licitación. Desde el concurso se descarta”, explicó.

Ante la tardanza para la entrega de la vialidad, la Seduop decidió rescindirle a la empresa Proyectos y Estudios el contrato. Sin embargo, Cemsa se quedó con la obra millonaria.

Las dos constructoras, junto con la constructora Fénix, tienen sus oficinas en el mismo establecimiento de la colonia Bugambilias, en la calle Nardos 244, cerca de la laguna.

En la página www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/dgasan/historico, Proyecta aparece como una de las constructoras inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública desde 2005, pero a través Fénix consiguió edificar el tramo a Chachapa.

Después del informe del gobernador Mario Marín Torres en el Congreso del estado, Cambio entrevistó a García Ramírez, quien reconoció que la construcción de la calzada Alfredo Toxqui se les entregó a dos constructoras, pero pretextó que ambas empresas no le pertenecían a Rivera Santamaría pues “a veces tiene socios y pueden aliarse (…) eso no viola la ley”.

De hecho, extrabajadores del constructor revelaron a esta casa editorial que la estrategia entre García Ramírez y Rivera Santamaría consiste en entregarle obras a sus empresas que tienen representantes legales con distintos nombres.

Así, a través de la Ley por Asociación de Partes, el empresario puede adjudicarse contratos para sus empresas sin supuestamente violar la ley. Los informantes revelaron que el representante legal de Fénix es Rogelio Jacobo Peña; de Cemsa, Roberto Rodríguez y de Proyecta Walberto Vázquez.

Fuentes del interior de las empresas de Rivera Santamaría también revelaron que ahora la relación entre García Ramírez y el constructor se ha deteriorado debido a que Rivera Santamaría se gastó el dinero recibido de la Seduop y ya no podía terminar en el tiempo pactado la obra. García Ramírez le fijó como plazo el 31 de diciembre y por ello el constructor recurrió a otra empresa —cuyo nombre desconocen los empleados— que fue la que realmente se responsabilizó de la calzada Alfredo Toxqui a nombre de Cemsa.

Abundaron en el tema de la carretera a Chachapa, edificada por Fénix, los extrabajadores de Rivera Santamaría, quienes explicaron que fue la compra de materiales de baja calidad, inadecuados y adquiridos a destiempo la que provocó que dicha vialidad esté en tan malas condiciones. “Desde ahí tenía problemas de dinero”, aseguran.

Incumple Seduop con pago
Otra más que enfrenta uno de los funcionarios mas corruptos del sexenio, quedó evidenciada cuando Dyccsa demandó a Javier García ante el Juzgado Primero de lo Civil por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y obra extensiva, reveló el administrador general de la constructora, Rubén Samano García.

De acuerdo al ingeniero, la denuncia 1471/2008, presentada el 25 de noviembre de 2008, incluye financiamientos y costos exige el pago de más de 13 millones de pesos por parte de la Seduop, pues las pérdidas que ha tenido la empresa por el incumpliendo de pago —debido a la maquinaria parada— ascienden a siete millones 800 mil pesos.

“En algún momento estuve con el secretario, el secretario me dijo que iba a ver y obviamente checarlo con su gente para que me pagaran y obviamente no me han pagado.”

Samano García informó que su constructora edificó el camino a San Miguel Atencingo de 9.5 kilómetros, pero cuando ésta fue terminada a principios del año pasado, García Ramírez prefirió convertirse en deudor.

Los daños y perjuicios provocados por García Ramírez fueron originados debido a la retención de cheques de pago, con lo cual las maquinarias quedaron paradas por más de 180 días. Por ello, el constructor pidió la intervención del Congreso del estado para que exija a la Seduop pagar su deuda.

“En algún momento me dijeron que sí me iban a pagar, pero después de un año de que me suspendieron no ha habido ningún pago”, indicó Samano García.

En consecuencia, inició un procedimiento legal. El juzgado citó a la dependencia estatal y al demandante para conseguir una conciliación. Pero cuando ambas partes acudieron, el representante legal de la Seduop desconoció el adeudo. “Desde entonces nos han dado largas para evitar el enfrentamiento legal.”

Añadió que la obra no tiene fallas de calidad, pues siempre que entrega una obra entrega también una fianza en depósito por vicios ocultos de un año. Pasó el año y ésta le fue devuelta porque ni han existido problemas de calidad. Agregó que si hubo retrasos, fue por culpa del funcionario que no consiguió el derecho de vía de los ejidatarios cuando iniciaron las construcciones.

Aseguró que su empresa se encuentra establecida conforme a derecho y registrada en el padrón de constructoras. “Para que mi representada ganara la licitación, tuve que cumplir con los requerimientos de la Seduop.”

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