Menos del 15 por ciento de los estudiantes de educación básica asisten a escuelas privadas. De este total se calcula que 7 u 8 por ciento lo hacen en escuelas con un muy bajo nivel académico, muchas veces menor al de sus pares públicos. Es precisamente en este grupo en el que existe la mayor sensibilidad hacia cualquier variación en los precios, tal y como lo postulan los principios económicos. En el caso de aprobarse el IVA y reducirse los montos deducibles, podríamos presenciar el éxodo masivo de 2 millones de alumnos hacia las instituciones públicas. La presión social que generaría algo así no podría ser tolerada si no existiera de por medio un reforma educativa que habla de calidad y escuelas de tiempo completo. Solo así puede hacer tolerable para las clases medias-medias de este país un cambio tan significativo y dramático respecto a la forma en que ven la educación de sus hijos. Lo anterior obligaría a la contratación inmediata de 60 mil maestros bajo las nuevas reglas, en un escenario de debilidad sindical y seguramente en espera de que por lo menos otros 100 mil se jubilaran en el transcurso del próximo año. En menos de dos años, poco más del 20 por ciento de la base sindical estaría compuesta de sangre nueva, con lealtades y expectativas sindicales y políticas diferentes. Mientras tanto la CNTE puede seguir su movimiento, a la espera de los cambios administrativos que la convertirán en un movimiento similar al SME, con presencia pero políticamente débil para negociar. Un brazo útil para presionar con un radicalismo en vías de fosilizarse. Cuando usted vuelva a escuchar la consigna de que la educación se privatiza échese a reír, pues será todo lo contrario. Si me lo pregunta, creo que al final el IVA se gravará en algo así como el 6 por ciento para la educación, manteniéndose la deducibilidad en los términos actuales. Pero aún con esto, el riesgo de un éxodo masivo seguirá latente.
El otro escenario tiene que ver con la consigna de que el que paga manda. Las quincenas de los docentes vendrán desde la federación sin pasar por las manos locales, que no le quepa la menor duda de esto, nulificando así la presencia estatal y regresando el poder de negociación a los Pinos. Las elecciones federales del próximo año se desarrollarán en un escenario totalmente distinto. Este año se permitió el último suspiro de un sistema meta-legal de elecciones que ha llegado a su fin. No habrá recursos extraordinarios para los sindicatos magisteriales por parte de los gobiernos estatales y por lo tanto la operación política que hasta ahora se ha vendido muy cara terminará por desaparecer. Si algún maestro o líder sindical local se mueve entonces no saldrá en la foto. Los famosos comisionados son una especie en vías de extinción. El famoso control que se daba a través de los sindicatos vía el otorgamiento de plazas o promociones también desaparecerá. Bien lo dijo hace unos días con Adela Micha el actual presidente del sindicato Juan Díaz de la Torre, se está cerrando toda una era magisterial.
Vivimos cambios pocas veces visto desde los días del Presidente Cárdenas. El Presidente Peña Nieto no se ve a sí mismo como un Salinas de Gortari o en el peor de los casos como un Fox. Se ve como el presidente que reformará profundamente el poder desde sus entrañas para asegurar un modelo político y económico innovador como en su momento lo impulso el Tata Lázaro, un modelo que durará por lo menos 60 años. No es casualidad que él, si él y nadie más, haya escogido la palabra “Pacto” para bautizar a esta ola reformista. Los pactos son por lo general derivados de una revolución social y se consolidan en la promulgación de nuevas leyes. Una constitución al final de todo es un pacto político de las principales fuerzas representadas.
El Presidencialismo está de regreso y viene por todo, y decidió utilizar como puerta de entrada a la única área de la sociedad que toca a todas las familias de manera directa, y que es la educación.
