Luego de culminar el proceso de auditoría, la Contraloría estatal determinó el cese inmediato de Marisol Buendía Cisneros, coordinadora del Registro Público de la Propiedad, así como el de los registradores de Cholula, Jan Pavón Flores y Arturo Muñoz Adauta, por no responder el pliego de observaciones que se les hizo dentro del procedimiento administrativo iniciado tras las revelaciones hechas por CAMBIO sobre las alteraciones de los libros y partidas para despojar ilegalmente de bienes inmuebles a sus legítimos propietarios, así como otras anomalías descubiertas en las pesquisas llevadas a cabo por Eukid Castañón Herrera.

Los ahora ex funcionarios también tienen abierta una averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia por los delitos de despojo y alteración de documentos oficiales, más los que resulten.

Además, fuentes consultadas por esta casa editorial revelaron que la siguiente acción de la administración estatal será en contra de los notarios coludidos con la mafia de registradores públicos, aunque los nombres de los fedatarios y su adscripción permanecen en secrecía para no afectar las investigaciones.

La dependencia encabezada por Eukid Castañón Herrera desde el lunes cesó como coordinadora general del Registro Público de la Propiedad a Marisol Buendía, en tanto que a Pavón Flores y a Muñoz Adauta los separó de sus cargos ayer al medio día.

La Contraloría estatal mantiene abiertos los procesos administrativos en contra de los tres ex servidores y no se descarta que en los siguientes días otros registradores públicos sean separados de sus cargos, pues se tiene conocimiento que la alteración de libros y partidas no fue una irregularidad exclusiva del Registro Público de Cholula.

CAMBIO pone a la mafia al descubierto

El 3 de septiembre de este año, en las páginas de CAMBIO, Arturo Rueda documentó ampliamente la operación de una mafia al interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), encabezada por Marisol Buendía Cisneros, coordinadora general del Registro Público de la Propiedad, quien en complicidad con notarios públicos y gestores, ordenó al personal del Registro Público de Cholula arrancar las partidas originales 319 a 366 del libro VI tomo 32 radicados en esa oficina para solicitar las reposiciones de partida en donde insertan contratos privados de compra-venta, una transacción prohibida por la Legislación Civil desde los 80.

En la edición se exhibieron para los lectores los documentos como prueba del ilícito que elimina cualquier garantía de seguridad jurídica, uno de los conflictos por los que los ingresos del IRCP no ha podido bursatilizarse y le costaron el cargo a Pagés Tuñón.

De acuerdo a la investigación realizada por Arturo Rueda, el modus operandi de la mafia operada a través de los registradores Arturo Muñoz Adauta y Jan Pavón Flores, consistía en desaparecer partidas originales de los Libros del Registro Público de la Propiedad de los años entre 1940-1960, y así, solicitar las reposiciones de partida en donde insertan contratos privados de compra-venta, para despojar a sus legítimos propietarios de inmuebles y dejarlos sin seguridad jurídica.

De acuerdo al reportaje presentado, las partidas originales 319 a 366 fueron arrancadas del libro VI tomo 32, las cuales correspondían a operaciones inmobiliarias realizadas ante el Registrador Público entre los días 6 al 15 de junio de 1950. Las partidas se encuentran registradas autógrafamente a mano por el registrador de la época, y en ellas se consignan datos como el nombre del comprador, del vendedor, la fecha, monto de la operación y nombre o dirección del predio objeto de la transacción, así como la orden de inscribirla en los libros del registro.

Por ejemplo, la partida 323 contiene los siguientes datos. “Vendedor.- Cristóbal Sarmiento. Comprador.- Gabriel Robles y María Antonia Sarmiento.- Cholula Pue. 6 de junio de 1950 a las 10 horas 3 minutos. Testigos. Escrituras otorgadas con fechas de 5 de junio ante la fe del señor Luis Casique, Juez Menor de lo Civil del municipio de Cuautlancingo y Secretario que autoriza. Lote número 7 del extinto Rancho de Zacatliyotol ubicado en el pueblo de Chautenco con precio de $100. Las copias simples cotejadas se agregan a las fojas 66 y 67 del Libro Séptimo Volumen Ciento Ocho de esta oficina, Doy Fe. El registrador Público Lic…” y una firma autógrafa.

En las fojas arrancadas puede observarse el sello original del Registro Público de la Propiedad, prueba indubitable de que formaban parte del libro que resguarda operaciones que pueden ser alteradas, ya que prácticamente todos los compradores, vendedores e incluso el registrador público han fallecido y no pueden ser llamados a comparecer ante la autoridad correspondiente. Además, con la desaparición de las fojas, también se eliminan las anotaciones marginales que son el registro de las operaciones jurídicas supervenientes sobre tales predios.

Las investigaciones

Ezequiel Flores Darán, encargado de despacho del Instituto Registral y Catastral del Estado y el propio contralor estatal, Eukid Castañón Herrera informaron el 4 de septiembre que el mismo día en que CAMBIO exhibió las irregularidades en el IRCEP, la Contraloría estatal había iniciado un procedimiento administrativo y una investigación en contra de los tres funcionarios del Registro Público de la Propiedad implicados: Marisol Buendía Cisneros, Arturo Muñoz y Jan Pavón.

Flores Darán afirmó que tras conocer la información solicitó a la Contraloría iniciar una investigación en contra de Buendía Cisneros y los dos registradores, además de que dejó abierta la posibilidad de que puedan incluirse a más funcionarios implicados en las acciones ilegales: “estamos ya en la investigación. El mismo artículo del diario habla de dos personas que son registradores y de la directora del Registro Público en principio, pero la investigación está abierta y se aclara en consecuencia”.

En la entrevista ofrecida a CAMBIO por el encargado de despacho del IRCEP, reveló también que iba a levantar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en contra de quien resultara responsable por las irregularidades.

Por su parte, el contralor Eukid Castañón reveló que había una investigación desde hace 30 días para conocer con detalle las irregularidades que se han presentado en el Registro Público de la Propiedad, en la que se incluyen a Buendía Cisneros y, que en tanto lo permitiera el proceso, se procedería a presentar las denuncias penales que ameriten y se llevarán los procesos administrativos de responsabilidades de acuerdo a la gravedad de las faltas.

El 22 de octubre, Castañón informó que la auditoría al IRCEP estaba lista para ser presentada, luego de detectar el problema de nepotismo y vicios en la realización de trámites que se ejercen para la escrituración de bienes inmuebles, informó el secretario de Contraloría, Eukid Castañón Herrera.

“Hoy tendré avances de la auditoría, no solamente en el tema de nepotismo sino también con respecto a los trámites y los servicios que se presentan en el propio instituto, no solamente para la ciudadanía sino hacia el tema de los notarios que son también clientes para registros de actos jurídicos como la escrituración de bienes”, dijo.

En entrevista, el funcionario señaló que una vez que el IRCEP sea notificado del pliego de observaciones, contará con un plazo de 15 días como lo marca la ley para solventar las mismas, o de lo contrario se fincarán responsabilidades.