El gobierno de Enrique Peña Nieto no sabe por dónde comenzar,  en qué parte arrancar la recomposición del país.

 

 

Los analistas cercanos al poder hablan del “relanzamiento” del sexenio, pero el discurso que se prepara en el gabinete una y otra vez choca con la realidad de las calles.

 

 

Pese a los argumentos de los alfiles presidenciales Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso, lo cierto es que la putrefacción de las instituciones esta en una situación irreversible.

 

 

El discurso presidencial presenta acciones de emergencia terriblemente ordinarias y banales para un México que está en colapso. Tal parece que frente a la mayor crisis social en el México de las instituciones Peña Nieto se sentó en los jardines de Los Pinos y comenzó a escribir una reflexión sobre el pasto. Sin profundidad, sin rigor, sin consultar a los expertos, ni a las voces de los activistas que se han levantado contra esta guerra fallida.

 

 

La medida medular del “relanzamiento sexenal” consiste en aplicar el “mando único” policial. Desaparecer las corporaciones municipales para abrir paso a una sola jefatura en cada entidad.

 

 

Al quitarles el control de las policías, los presidentes municipales pasarán de verdugos a víctimas. Alcaldes, regidores y demás funcionarios municipales quedarán a merced del crimen organizado. Es probable que llamen al 911, pero la respuesta dependerá de muchos factores, de la ubicación del municipio, la distancia, las condiciones de la carretera, pero sobre todo de la relación que tengan con su gobernador.  

 

 

Peña Nieto no quiere reconocer, ni aceptar que el problema de fondo de esta crisis nacional es la corrupción de la clase gobernante.

 

 

El crimen organizado solo puede trabajar y avanzar cuando soborna, compra a autoridades municipales, estatales o federales. Los casos son claros. Estados con una alta descomposición institucional no son producto de células delictivas fuertemente armadas, sino de funcionarios coludidos con ellas.

 

 

Los negocios del crimen organizado generan dividendos enormes que alcanzan para pagar no solo a presidentes municipales como José Luis Abarca o jefes policiacos como el de Cocula. El trasiego de drogas, el control de la piratería, la industria del secuestro, la extorsión, la trata de personas son empresas controladas por un mismo holding. Esto arroja ganancias que les permite comprar a procuradores, secretarios de gobierno e incluso gobernadores. Y entonces el negocio criminal se convierte en un círculo: “tu me pagas, yo te protejo y juntos acordamos”.

 

 

Esto es lo que no quiere reconocer, ni aceptar el gobierno de Peña Nieto.

 

 

No existe una estrategia para limpiar las instituciones.

 

 

Simplemente no lo quieren hacer.

 

 

Desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha solo se han procesado a personajes michoacanos, políticos o sus familiares. Pero nunca se han tocado a altos funcionarios de los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Morelos o Veracruz.

 

 

Y sobre todo destaca la impunidad que se respira en la tierra presidencial: el Estado de México.

 

 

No hay un solo agente ministerial, director de averiguaciones previas, sub procurador y mucho menos un procurador que haya sido procesado.

 

 

Este es el origen de la descomposición nacional.

 

 

Las instituciones fueron infiltradas, compradas y no se quiere hacer la limpieza respectiva. Detrás de cada delincuente hay un policía o un funcionario. El tamaño del negocio depende del nivel de ambos.

 

 

Pero Enrique Peña Nieto solo está respondiendo con placebos y medidas ordinarias.

 

 

Incluso puede asegurarse que la aplicación del llamado “mando único” viene a complacer ampliamente al crimen organizado. Ahora ya no tendrán que entenderse y arreglarse con 60 alcaldes y sus respectivos jefes policiacos; bastará con que acuerden con el Secretario de Seguridad Pública del estado para poder seguir trabajando.

 

 

No, de ninguna manera Peña está respondiendo al país. La crisis nacional seguirá.