Ni siquiera concebirla.

 

La crisis de Ayotzinapa ha llegado a niveles inimaginables, insospechados.

 

La Organización de Naciones Unidas cataloga a México como un país en que las desapariciones son un fenómeno “generalizado”, por todos los puntos de la geografía nacional campean las prácticas del crimen organizado que utiliza a corporaciones oficiales (de todos los niveles) como brazo ejecutor.

 

La crisis de descrédito internacional en que está sumergido el gobierno de Peña Nieto se agudiza cuando el grupo de expertos forenses argentinos revelan que no hay sustento científico para sostener la hipótesis de la cremación masiva en el basurero de Cocula. La llamada “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam se derrumba como un gigante con pies de lodo.

 

En este contexto el gabinete de seguridad aplica la “caja china”, la máxima del filme La Dictadura Perfecta, esa caricatura dolorosa, grotesca y brutal de la realidad nacional.

 

Un escándalo tapa otro escándalo.

 

La cacería ministerial desatada en el estado de Guerrero sólo es la aplicación del ejercicio jurídico sobre hechos que siempre se conocieron: la corrupción y la voracidad de los Aguirre; el entramado de intereses familiares, políticos, empresariales, en el afán de lucrar en forma desmedida con el erario estatal.

 

Cae el hermano de Aguirre, algunos de sus principales funcionarios, se persigue a sus aliados empresariales.

 

Algunas versiones periodísticas afirman que el presidente Peña Nieto enfrenta su “Rubicón”, pero lo cierto es que hasta el momento todas las investigaciones se enfocan en la corrupción administrativa y financiera. Pero no se han tocado los probables, los presuntos, los supuestos nexos de Aguirre Rivero con el crimen organizado.

 

“Guerreros Unidos”, “Los Rojos, “Los Ardillos”, “Los Granados”, “La Barredora” destacan como organizaciones independientes de los poderosos cárteles: Zetas, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, Caballeros Templarios.

 

Son diez las organizaciones criminales que operan en Guerrero y el mismo gobierno de Peña Nieto así lo reconoce en sus informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

 

Todos estos grupos se asentaron libre e impunemente durante el gobierno de Ángel Heladio. No sólo fue “Guerreros Unidos”, la organización de María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa de José Luis Abarca.

 

Son nueve organizaciones más.

 

Todos van detrás del gran botín que representa el “triángulo dorado de la amapola”, esa región del país que representa ganancias estratosféricas para la delincuencia organizada.

 

La amapola es el negocio en el que un solo kilo de opio alcanza un valor de 51 mil dólares equivalentes a poco más de 765 mil pesos.

 

Y estas organizaciones mueven toneladas.

 

Este vertiginoso negocio creció como nunca antes bajo el gobierno de Aguirre Rivero.

 

Aun cuando Ángel Heladio fuera aprehendido y procesado por delitos administrativos, el andamiaje de las diez organizaciones delictivas que operan en Guerrero sigue intocable.

 

Mientras el gobierno de Peña Nieto no procese la verdadera colusión criminal, la persecución contra los amigos de Aguirre solo será una nueva versión de la “caja china”.

 

Un mero show electoral.