Friday, 26 de April de 2019


Prioritario federalizar delitos contra periodistas




Escrito por  Javier Arellano Ramírez
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México es el país latinoamericano más inseguro para los periodistas. Y a nivel mundial está considerado un foco rojo.

De todas las entidades federativas el lugar más caótico para la libertad de expresión en el estado de Veracruz.

 

Tan solo durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa un total de once comunicadores han sido asesinados, entre ellos la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, ultimada en su domicilio el 28 de abril de 2012.

 

Pero no solo en Veracruz se registran crímenes contra periodistas. Las voces informativas son objeto de un constante, permanente asedio por parte de fuerzas oficiales y del crimen organizado en distintos puntos de la geografía nacional.

 

Ante este fenómeno delictivolos gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son igualmente indolentes.

 

Una fiscalía especializada en delitos contra periodistas que jamás ha presentado resultados, una comisión en el Senado de la República que solo es un membrete hueco y sin sentido.

 

En días recientes la desaparición del periodista veracruzano Moisés Sánchez reavivó las protestas de representantes de los medios de comunicación. Reporteros, columnistas, directivos de todo el país exigieron se investigara el paradero del modesto periodista.

 

En las últimas horas la Procuraduría de Justicia de Veracruz informó que ex policías de la zona intermunicipal de Veracruz-Boca del Río declararon que asesinaron al periodista por órdenes de personas cercanas al presidente municipal de Medellín Omar Cruz Reyes, de extracción panista.

 

En este crimen en específico, la acción de la procuraduría jarocha contrasta con otras investigaciones.

 

Es claro que el tema del periodista ejecutado esta siendo utilizado por Javier Duarte para golpear políticamente a Acción Nacional, de cara al proceso electoral de junio próximo.

 

Pese a que en años recientes se han registrado por lo menos otros diez asesinatos de comunicadores, fue hasta ahora cuando ese gobierno actuó de manera expedita. Poco más de 60 personas fueron detenidas para ser interrogadas; toda la policía municipal de Medellín fue desarmada y sometida.

 

En ningún otro caso se actuó de esta manera.

 

Es muy probable que la investigación del crimen que segó la vida de Moisés Sánchez se conduzca por la línea de la verdad, pero también es evidente el matiz político electoral que Duarte le está dando al asunto. En el transcurso de las próximas horas el congreso iniciará el proceso de desafuero contra el edil de Medellín Omar Cruz Reyes.

 

Pero en este tema debemos ver el otro lado de la moneda.

 

Gran parte de la responsabilidad de los ataques contra comunicadores provienen de la falta de una postura firma por parte del gremio periodístico. Las marchas del Ángel a Bucareli no van a cambiar los hábitos perversos del poder.

 

Se hace necesario, urgente e impostergable la federalización de los delitos contra periodistas.

 

Que cualquier amenaza, intimidación o ataque contra un periodista, en el ejercicio de sus funciones profesionales, se convierta de inmediato en un delito federal, cuya responsabilidad investigadora recaiga en la Procuraduría General de la República.

 

Solo así se podrá dar un paso firme y concreto en la verdadera lucha por la defensa de los periodistas.De lo contrario las investigaciones seguirán sometidas a los intereses, los caprichos y las venganzas de los gobernadores.

 

Si la línea de investigación apunta a un aliado entonces la averiguación se va a la congeladora; en contrario sensu, si los indicios marcan que el responsable es un enemigo, un adversario político entonces la justicia actuará de manera pronta, como es el caso del periodista Moisés Sánchez, cuando todo el aparato de la procuraduría está por caerle a un alcalde panista.

 

Las investigaciones de los crímenes que han arrebatado la vida de decenas y decenas de periodistas mexicanos no pueden estar al antojo de los gobernadores.

 

Es urgente que las organizaciones como “Article 19”, “Amedi”, “Los Queremos Vivos”, “Periodistas a pie” exijan en el marco del próximo día de la libertad de expresión la federalización de los delitos contra periodistas.

 

Solo así los gobiernos de los estados y el gobierno federal dejarán de simular que cumplen con sus responsabilidades.

 

Como siempre estamos a sus órdenes en [email protected] , sin mx.

 

 

 

 

 

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