El gobierno del estado clasificó como reservado todo tipo de detalles relacionados con el caso Chalchihuapancomo el monto de la sanción y el tipo de amonestación al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por su responsabilidad en las violaciones graves a los derechos humanos de los manifestantes desalojados en la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio.

Tampoco hará público los nombres de los tres mandos medios que fueron destituidos de sus cargos, los puestos que ocupaban, las fecha en las que fueron despedidos así como la cantidad con la que fueron multados, además de información relacionada con los otros seis servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron inhabilitados por cuatro años tras las 11 recomendaciones emitidas en septiembre pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

También se oculta el número de víctimas a quien el consejero jurídico del Ejecutivo, José Montiel ofreció el pasado 17 de octubre una disculpa pública y/o institucional a nombre del gobierno,tal y como se aseguró que se hizo a través de un comunicado de prensa el 18 de ese mismo mes, en el que afirman que el estado había cumplido con el 100 por ciento de las recomendaciones del ombudsman Raúl Plascencia Villanueva por las violaciones graves a los derechos humanos de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan en julio pasado, enfrentamiento que derivó en la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, además de dejar al menos nueve mutilados y más de 40 uniformados heridos.

En las tres respuestas al mismo número de solicitudes de información vía Infomex, ni la Contraloría ni la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ni la Secretaría de Seguridad Pública estatal revelaron mayor información que la dada a conocer en el boletín de prensa.

De igual forma se reserva el monto del fideicomiso que se creó para indemnizar a las víctimas del caso, menos las implicaciones que tuvo el pronunciamiento de la comisión en la PGJ local, pues también fueron señalados judiciales de haber violentado los derechos de los cuatro pobladores que fueron aprehendidos el 9 de julio y que recuperaron su libertad bajo caución tras un mes por falta de pruebas en su contra.

Misma respuesta

“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción IV, V, VI, XIII y XIV de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito informarle que la información solicitada se considera como información reservada”, fue la única respuesta que dio la Contraloría a la solicitud de información con folio 00426214 hecha por esta reportera.

A la dependencia se le realizaron cuatro preguntas para aclarar el comunicado enviado el 18 de octubre en el que se aseguró el cumplimiento de todas las recomendaciones hechas por la CNDH, principalmente relacionado con las sanciones, amonestaciones, cargos que ocupaban los implicados despedidos, las fechas en las que fueron cesados de sus cargos, entre otros detalles.

En tanto, la PGJ también respondió a la petición (00426014) informando que se clasificó como reservada las implicaciones que tuvo la postura de la comisión en la dependencia como bajas, montos de amonestaciones o multas emitidas contra el personal. Por su parte, la SSP copió y pegó en respuesta a la solicitud (00425914) el contenido del boletín con el que el gobierno aseguró haber dado cumplimiento a todas las recomendaciones de la comisión en octubre pasado.