El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, aseveró que el caso Iguala no está cerrado pues aún hay que buscar la verdad, reparar los derechos de las víctimas, castigar a los responsables y dar garantías de no repetición.

Durante la presentación del Informe de Actividades 2014 de la comisión en Los Pinos, el ombudsman dijo que el Caso Iguala marca un antes y un después para México, ya que por su trascendencia debe haber reflexión entre los mexicanos para que esto no vuelva a ocurrir.

Otro caso en 2014 fue Tlatlaya, donde hubo una ejecución extrajudicial de 22 presuntos delincuentes por parte de elementos del Ejército. Derivado de estos sucesos se emitió la recomendación 51/2014, que el pasado 15 de enero fue corregida para reclasificarla como violación grave de derechos humanos.

Lo que ocurrió en Tlatlaya mereció una mención especial porque las autoridades de los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz; Ahuajotzingo y Florencia Villarreal, Guerrero; y Huauchinango, Jalisco, rechazaron las recomendaciones de la CNDH.

Donde sí hubo recomendación por violaciones graves a derechos humanos fue por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, que involucró una manifestación de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y que terminó en la muerte del menor de edad, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

El ombudsman urgió a emitir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, a crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética, tal como lo prometió el presidente Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre pasado.

Esta aprobación, pero más aún su aplicación, servirá para que las instituciones recuperen la confianza de los ciudadanos, quienes reaccionaron ante los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala con una toma de conciencia.

“La sociedad no puede permanecer impasible cuando constata que a menudo aquellos individuos que incumplen la ley no son objeto de sanción alguna, o cuando advierten que las probabilidades de que se aplique o no la ley en un caso concreto dependen del poder, posición económica o condición social de las personas involucradas en el mismo”, añadió.