En un comunicado, se informó de la petición en línea lanzada por AI denominada “Irene Cruz Zúñiga, 14 años de injusticia”, pues además, durante la intervención quirúrgica, a Irene se le colocó un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento.
“El caso de Irene es emblemático de las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres de las comunidades indígenas en México, como es la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad”, indicó Itzel Silva, abogada de Fundar y representante legal de Irene Cruz y su familia.
“Es fundamental que las mujeres indígenas y las localidades rurales puedan acceder a la justicia sin dilación, particularmente se deben adoptar medidas efectivas para cesar prácticas discriminatorias de implementación de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de las mujeres, ya que constituyen una forma de violencia que afecta gravemente sus derechos sexuales y reproductivos”, consideró Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía.
Además, recordó la existencia de la recomendación 32/2015 emitida recientemente por la CNDH, y que ha sido ya aceptada tanto por el IMSS como por el gobierno de Oaxaca.
“En ella se reconoce la violencia institucional y obstétrica cometida en contra de Irene, así como la dilación de justicia y la impunidad en el caso. La familia de Irene cuenta también con el acuerdo judicial de 11 de diciembre de 2013, dictado por el Primer Tribunal Unitario de Oaxaca, en el que el magistrado titular señala la obligación del Estado mexicano de resarcir los daños”, agregó.