El argumento utilizado al homologar el salario mínimo en el país, luego de 98 años de estar diferenciado el ingreso por zonas, fue para contribuir a eliminar la pérdida del poder adquisitivo, pero la realidad dista mucho de beneficiar al trabajador.
En septiembre pasado, los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) indicaron que uniformar el salario a 70.10 pesos a partir del 1 de octubre beneficiaría a 751 mil trabajadores que percibían 66.45 pesos diarios y que estaban en la zona económica B, de la cual formaba parte Sinaloa.
Los representantes de la Conasami, integrada por el sector obrero, patrones y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aseguraron que con la homologación del salario se logró una recuperación del poder adquisitivo del 5.1 por ciento, el mayor porcentaje desde la década de 1970.
NINGUNA RECUPERACIÓN
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, al revisar la propuesta efectuada por los representantes de la Conasami, difiere de los referidos criterios y mitos sobre la recuperación del poder adquisitivo en el salario, el cual tan sólo en la administración de Enrique Peña Nieto ha tenido una pérdida continua del 9.65 por ciento.
El análisis explica que en los últimos 30 años el gobierno mexicano ha firmado pactos para mejorar la economía de los ciudadanos y crear políticas públicas; sin embargo, hasta ahora no han dado los resultados esperados, expresa el documento.
Entre los antecedentes más recientes se encuentra el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), firmado el 16 de septiembre de 1987, el cual tenía la intención en el tema de salarios mínimos que la Conasami propusiera a los sectores productivos un incremento equivalente al 15 por ciento en los salarios mínimos vigentes y otro de 20 por ciento, exclusivo para los salarios mínimos que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 1988.
Ese pacto no quedó ahí, pues alcanzó hasta 10 fases y acuerdos, en los cuales se establecieron la Alianza para el Crecimiento el 26 de octubre de 1996 y con vigencia hasta diciembre 31 de 1997. Sin embargo, de todos los pactos realizados en este periodo, en ninguno se cumplió una política que ayudara a los trabajadores.
NO ALCANZA
En el estudio del CAM, al analizar lo que se ha incrementado una Canasta Alimentaria Recomendable de diciembre de 1987 a octubre de 2015, se ha acumulado una pérdida en su poder adquisitivo del 79.21 por ciento.
En 1987, con el salario mínimo diario se podía comprar un 94 por ciento de la canasta básica. A 18 años (2015), sólo se puede obtener un 15 por ciento.
Al evaluar cuántas horas laborables diarias necesita un trabajador para conseguir la canasta, los resultados son preocupantes, pues mientras en 1987 se requerirían alrededor de ocho horas con 28 minutos. En el 2015 se requieren invertir 51 horas con 46 minutos.
Los anteriores resultados, indica el estudio, muestran que es humanamente imposible que un trabajador pueda laborar 51 horas al día. Por ello, la opción que han encontrado muchas personas es tener más de un empleo para obtener los recursos para subsistir, lo cual afecta la calidad de vida de millones de familias.
SIN AVANCE
El análisis efectuado por el CAM precisa que aun con los miles de millones de pesos destinados a programas de beneficio social, la pobreza creció un 58 por ciento en los últimos 42 años; por este motivo, la actual administración no ha sido distinta de otras.
El estudio concluye que no hay mejoras para las personas que trabajan, y esto queda demostrado en el salario mínimo, el cual no ha rebasado el 4.20 por ciento desde el primero de enero de 2013, es por ello que alrededor de 102 millones 425 mil mexicanos no pueden comprar la canasta básica constitucional integral (incluye bienes y productos de primera calidad) que al primero de julio de 2013 tenía un precio de mil 40 pesos. Los únicos que pueden acceder a la citada canasta son alrededor de 2 millones 56 mil personas.