Saturday, 29 de February de 2020

Viernes, 20 Marzo 2015 02:23

Si fuéramos una auténtica democracia




Written by  Gabriel Sánchez Andraca

EN LOS PAÍSES AUTÉNTICAMENTE DEMOCRÁTICOS nada tendría de extraño que un militante de un partido político, adversario del que está en el poder, asumiera un cargo en la administración pública, puesto que para ello no se requiere la renuncia a la militancia partidista del funcionario y menos a su ideología política.

 


En países como el nuestro, con una democracia ineficiente, que además es sumamente costosa, el que un militante destacado de un partido acepte ir de funcionario a un gobierno que ejerce un partido adversario del suyo, se ve mal, se critica y se sospecha de arreglos inconfesables.

 

Es el caso de Fernando Morales Martínez, que ha sido diputado por el PRI, dirigente estatal del partido, y personal y familiarmente pertenece a la casta priista poblana. La gente, los priistas principalmente, ven con recelo que haya aceptado un cargo en el gobierno de Rafal Moreno Valle.

 

Fernando asumió la noche del miércoles la Subsecretaría de Desarrollo Político y Participación Ciudadana, una nueva dependencia creada recientemente por la reingeniería administrativa que está aplicando el actual gobierno.

 

Sinceramente no vemos nada reprobable que un priista sea funcionario de un gobierno panista o perredista y a contrario, tampoco veríamos mal que un panista o un perredista, fueran funcionarios de un gobierno priista.

 

Tenemos el caso, a nivel nacional, de Rosario Robles, que habiendo sido jefa de Gobierno del Distrito Federal por el PRD y habiendo sido también dirigente nacional de ese partido, sea ahora una alta funcionaria del gobierno federal a cargo de uno de los programas más importantes del actual gobierno, como es el combate al hambre.

 

Estamos viendo cómo muchos priistas están colocados como candidatos a diputados federales para las elecciones próximas, en todos los partidos.

 

En el mismo gobierno estatal vemos que el actual gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, surgió del Partido Revolucionario Institucional y que en ese partido hizo buenas relaciones con numerosos funcionarios y políticos priistas, mismos que siguen siendo sus amigos cuando llega al gobierno postulado por el PAN.

 

Fueron muchos los priistas que ayudaron al actual jefe del Ejecutivo en su campaña por la gubernatura, por la estimación que le tienen y por considerar que se trataba de un político capaz.

 

El gobernador, ya en el poder, llevó a algunos puestos públicos a personas surgidas del Revolucionario Institucional donde se han desempeñado correctamente.

 

LAS COSAS AHORA YA NO SON COMO ANTES. En todos los partidos políticos, lo hemos comentado aquí, sus respectivas militancias carecen de ideología, salvo raras excepciones, y si las ideologías han muerto, lo mismo da Chana que Juana.

 

Hay gobiernos integrados por gente sin ideología política, porque le apuestan más a la eficiencia en el desempeño administrativo. Es decir, como se expresaba el recordado Mario Vargas Saldaña, de los políticos modernos: “ven un alto cargo en el gobierno, como una gerencia y así se comportan, como gerentes. No tienen sensibilidad política y tampoco sensibilidad social”.

 

Quienes se formaron en el PRI de hace unos años, sí tienen formación política y sensibilidad social, como el caso de Fernando Morales, aunque por las circunstancias de degradación política que vive el país la vayan perdiendo.

 

Pero bueno, la presencia de un priista en el gobierno local actual no debe verse como algo reprobable, sino como algo que en una democracia auténtica es permitido y que la experiencia política del nuevo funcionario puede ayudar a resolver problemas en una dependencia que requiere, precisamente, de políticos capaces y sensibles.

 

LOS DIPUTADOS PRIISTAS SE PONEN LAS PILAS. A raíz del despido de 500 trabajadores del gobierno del estado por ajustes en el presupuesto, Silvia Tanús, coordinadora de la bancada priista en el Congreso local y Pablo Fernández del Campo, diputado local también y ex dirigente estatal del PRI, exigen que a los trabajadores despedidos se les liquide de acuerdo a la ley.

 

Entre los 500 despedidos hay varios con derecho a jubilación o que tienen que dejar su empleo después de 15, 20 o más años de trabajo y si no reciben lo que en derecho les corresponde, se cometería una gran injusticia.

 

Desde hace ya varios años se tomó la costumbre en varias dependencias oficiales que son despedidos trabajadores de muchos años sin el pago correspondiente a su liquidación. Ese problema se agravó a raíz de la “democracia”, es decir, con los cambios de gobiernos de un partido a otro. El partido que llega al poder corre a los empleados para acomodar a su gente y luego llega el otro y hace exactamente lo mismo.

 

Ya se venía haciendo con el simple cambio de un gobierno aunque fuera del mismo partido, pero el asunto se agravó cuando partidos de oposición tuvieron acceso al poder.

 

Los priistas que ahora se ponen bravos, por la injusticia, hicieron lo mismo en varias ocasiones. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo una situación económica sumamente difícil y el problema del desempleo se ha agudizado.

 

Se ha hablado de “terrorismo laboral” que es la amenaza constante de despido. Quien lo hace, no sabe lo que puede provocar: enfermedades, neurosis y hasta la muerte.

 

Hay gente mayor y hasta jóvenes que se angustian con la sola idea de perder el empleo, que significa pasar de una vida de clase media-media a la pobreza.

 

Los gobiernos, sean del nivel que sean, deberían ser los más respetuosos de la ley y de los derechos humanos.

Despedir trabajadores sin la liquidación correspondiente es violatoria del Estado de derecho y de los derechos humanos. Un gobierno municipal, estatal o federal, no puede adoptar el comportamiento de lo que el malogrado senador y dirigente nacional panista, José Ángel Conchello, llamaba “la patronería nacional”; explotadores e irresponsables con sus trabajadores.

 

Los gobiernos de todos los niveles deben acatar, como nadie, los ordenamientos legales para poder exigir a los ciudadanos que cumplan con ellos.

 

Para vivir en un Estado de derecho, como es la aspiración de toda democracia, el acatamiento de la ley, por parte de quienes ejercen el poder, es indispensable.

 

Qué bien que los priistas que por haber descendido hasta ser un grupo minoritario en el Congreso del estado, como nunca antes lo habían sido, y que han tenido una actitud timorata en los últimos tiempos, ahora asuman por primera vez en cuatro años, una actitud responsable, de acuerdo a la ideología que ese partido ha pregonado que sustenta.

 

PUEBLO QUE OLVIDA SU HISTORIA ESTÁ OBLIGADO A REPETIRLA, nos decían en la escuela. Fue en el gobierno de Vicente Fox cuando se impuso el sistema de “fin de semana largo” cuando se atravesaba alguna fecha histórica importante.

Eso ha sido terrible para la memoria histórica de nuestro pueblo. Todo mundo se va de vacaciones en el “fin de semana largo” y se olvida el porqué de esa suspensión de labores.

 

El pasado fin de semana, que se inició el viernes y terminó el lunes, fue por las festividades cívicas de la nacionalización del petróleo (que de hecho ya debe borrarse del calendario cívico con la nueva reforma) y el nacimiento de don Benito Juárez que se celebra mañana 21 de marzo.

 

Juárez está considerado como el autor de la segunda Independencia de México.

 

Después de la Independencia de España, el país quedó en manos de la Iglesia católica, que ejercía el poder realmente por ser la institución con mayor riqueza y por ejercer funciones que debían corresponder al gobierno civil.

 

La Reforma Juarista logró la separación del gobierno civil de la Iglesia católica, se instituyó el laicismo del Estado mexicano, el laicismo en la educación, el Registro Civil de las personas y Juárez fue satanizado por todo eso.

 

En los tiempos actuales la Iglesia ya respeta a los gobiernos laicos que mantienen buenas relaciones con el Vaticano, pero no están sometidos a dicho Estado y han suavizado mucho su postura ante la figura histórica del Indio de Guelatao.

Varios actos organizados por talleres masónicos, por iglesias cristianas (cuya existencia en México se debe a las leyes juaristas) y por las propias autoridades civiles y militares.

 

En el vestíbulo del edificio Carolino, de la Universidad Autónoma de Puebla, habrá un acto que ha venido celebrándose desde los años sesenta, cuando la lucha por la reforma universitaria estaba en su apogeo.

 

Ha tenido como oradores a importantes liberales mexicanos, el año pasado fue el ex gobernador Manuel Bartlett Díaz y este año será el doctor Édgar González Ruíz, catedrático de la Universidad Metropolitana de México.

 

Han sido invitadas varias logias masónicas, universitarios, organizaciones liberales, etcétera. El acto será a las 11 horas de mañana sábado.

 

 

 

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