Luego de ser detenidos en un operativo irregular y permanecer incomunicados de sus familiares, los siete universitarios de la BUAP vinculados con los ataques a instalaciones públicas con bombas molotov, fueron liberados de los separos de la PGJ al no tener pruebas fehacientes en su contra. No obstante, en su calidad de indiciados, seguirán sujetos a investigación por el delito de daños en propiedad privada en grado de tentativa.

Del mismo modo, la defensa legal detalló que seguirá de cerca el caso de los estudiantes pues ante su situación legal de presuntos responsables, podrían volver a ser apresados de forma arbitraria como ocurrió la madrugada del pasado viernes, cuando a través de tres cateos fueron detenidos, golpeados y encañonados, además de también ser presentados, pese a que su citatorio a la comparecencia era en carácter de “voluntarios”.

Abogados pudieron acceder al expediente 14 horas después

La averiguación previa 220/2015 que vincula a los estudiantes Juan Carlos Tepole Ixtacua, Eric López Cruz, Arafat Rosas Burgess —de la licenciatura en Sociología—; Dulce Carolina Parra, Ana Rosa Silly Colorado, Axel Jiménez Morillón —de la escuela de Medicina—; y Shariff Guerrero Contreras —de Computación—, permaneció hermética hasta poco después de las 18 horas del viernes, pese a que los jóvenes habían sido detenidos a las 4 de la madrugada.

Así lo denunció la abogada de los jóvenes, Marely Vélez, quien además señaló que fueron diversos los argumentos por los que se les negó el acceso al expediente. Incluso la abogada general de la BUAP y los dos abogados de Rectoría que acudieron a atender el caso, tampoco pudieron acceder al mismo, ni hablar con el director de averiguaciones previas.

En el mismo marco la defensa explicó que otra de las anomalías fue que las pruebas que la PGJ usó para buscar inculpar a los jóvenes, fue un video borroso en el que se ven personas rodeando las instalaciones del INE, así como una conversación en Facebook de un “colectivo fantasma”, así como una supuesta denuncia anónima, en la que se acusaba con santo y seña, a los estudiantes de Medicina, Sociología y Computación.

Universitarios acusande tención con violencia

El estudiante de la licenciatura en Sociología, Carlos Arafat Rosas Burgess, indicó que la detención fue completamente arbitraria, pues revolvieron las viviendas de sus compañeros e incluso ya liberados seguían sin poder acceder a sus casas, pues estas fueron aseguradas y selladas mientras se desahogaran todas las diligencias. Todo ello a costa de que durante el cateo no se encontraron explosivos u otro material que pudiera comprometerlos.

"En total se hicieron tres cateos, uno en la 21 Poniente, uno en la 17 Sur y otro en la 31 Poniente y la 3 Sur. No se nos acusa de nada, sólo dicen que es una orden de cateo, irrumpen de forma violenta encañonando a todos los compañeros, a dos compañeros que están aquí —Eric López y Juan Carlos Tepole— los golpean, los someten y los sacan con lujo de violencia", detalló el estudiante y activista.

Mientras el operativo se llevaba a cabo, Miguel Rosas Burgess, padre de Arafat y académico de la BUAP, también estuvo sometido por los agentes ministeriales que llegaron a su casa al filo de las 4 horas y que se retiraron hasta las 7 de la mañana, pues durante ese lapso no se le permitió ver a su hijo.