El abogado especializado en asuntos laborales, Abelardo Cuellar Delgado, manifestó que los casi 500 empleados de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Puebla, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla (CECAP), Finanzas, y otras dependencias estatales, que han sido despedidos de manera verbal bajo el argumento de que el recorte presupuestal impide pagar sus sueldos, son en realidad despidos injustificados.

Además de que la mayoría de estos empleados no han recibido la confirmación de su baja por la vía escrita y formal, el precepto que les han comunicado en las dependencias no tiene sustento, por lo que Abelardo Cuellar sustenta que en caso de que los afectados lo decidan, pueden interponer una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para solicitar su reinstalación, aunque el juicio podría demorar de 24 a 30 meses.

Por miedo a sufrir represalias por parte de los encargados de las dependencias inmiscuidas, los trabajadores decidieron permanecer en el anonimato al momento de explicar a CAMBIO que en el despido masivo ocurrido el pasado 15 de marzo afectó a 500 empleados, pero el número se incrementará hasta de manera gradual hasta mayo cuando se haya recortado “el 30 por ciento de la nómina de empleados de confianza”.

La manera en la que han sido desplazados de sus puestos de trabajo ha sido variada ya que algunos ya no se les permitió el acceso a las dependencias cuando su huella dactilar fue borrada en el registro del checador biométrico, mientras que a otros se les dejó estar en sus lugares hasta que la confirmación de la baja llegue de forma escrita, aunque ya han sido contemplados como parte del recorte.

Burócratas despedidos tienen hasta el 15 de abril para demandar

Al respecto, Cuellar Delgado detalló que aquellos trabajadores afectados que deseen impugnar su despido tienen las herramientas legales para hacerlo, pero deberán de presentar su queja en un máximo de 30 días naturales, es decir, el 15 de abril. Además de que con base en su experiencia, argumenta que la denuncia tendría éxito aunque se requiere paciencia por el tiempo que tardan los resolutivos.

Mencionó que actualmente se encuentra defendiendo a 25 trabajadores del estado que fueron despedidos en octubre del 2012, de los cuales la mayoría está en vísperas de recibir un resolutivo a favor y tendrían que ser reinstalados en sus puestos de trabajo ya que cuando fueron despedidos fue por “cuestiones de índole presupuestal y con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo”, argumento inválido para un despido.

“Mientras no sean despedidos basándose en causa justa, el gobierno está incurriendo en un despido injustificado”, por lo que llamó a los empleados afectados a que revisen sus derechos laborales, en los cuales tampoco hay certidumbre mientras la notificación de baja de la nómina no les sea entregada.