Las organizaciones sociales mantendrán la lucha para tirar los candados que impiden la participación de ciudadanos en los procesos electorales a través de la vía independiente, incluidos en la Reforma Electoral aprobada en el Congreso Local, y anunciaron que convocarán a ciudadanos para que se sumen a la estrategia legal, mediante la firma de amparos que serán entregados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En rueda de prensa, el grupo de activistas encabezados por el ex candidato independiente, Alberto Merlo Martínez, se pronunciaron en contra de las modificaciones aprobadas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues con ello se tiene un marco legal retrógrada contra los ciudadanos.

Alberto Merlo detalló que convocarán a los ciudadanos a participar a través de la firma de amparos individuales, que se conjuntarán para presentar acciones legales colectivas contra el trabajo del Congreso local.

Detalló que a través de redes sociales se compartirá el formato de estos documentos, los cuales únicamente tendrán que ser firmados por los ciudadanos inconformes con los candados a las candidaturas independientes.

“Vamos a convocar a una movilización ciudadana por la vía legal. Compartiremos por las redes sociales un documento para que cada ciudadano lo firme y muestre su postura en contra de esta reforma”, dijo tras referir que en próximos días se publicarán los mecanismos para recolectar los documentos firmados por los ciudadanos.

El movimiento que impulsará estas acciones está integrado por organizaciones como Puebla Vigila, G2G, Tierra Baldía, México Prioridad, Voz Ciudadana y el Congreso Nacional Ciudadano.

Por su parte, el activista poblano afirmó que aunque es legal la iniciativa al cumplir cabalmente con el procedimiento legislativo, dijo que es ilegitima porque violan los derechos humanos de los poblanos.

Detalló que las ONG exigen que se les den hasta 120 días de plazo a los independientes para recabar los apoyos para su registro, los cuales deben ser del 1 por ciento del padrón electoral.