Aumentar las sanciones y las penas corporales para castigar el delito de feminicidio en Puebla, no es la alternativa para frenar la ola de asesinatos de odio en contra de las mujeres, coincidieron los diputados locales priistas, Silvia Tanús y Sergio Salomón Céspedes, quienes consideraron que el Gobierno del Estado y el núcleo familiar deben trabajar en medidas preventivas y en fortalecer los valores de los adolescentes para evitar que se presenten más casos como el de Paulina Camargo.

Entrevistados por separado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género mencionaron que endurecer las condenas no es viable para prevenir los feminicidios en la entidad, aunque señalaron que se deben generar políticas públicas para prevenir que estos casos siguan aumentando en el estado.

Tanús Osorio, quien también es la líder de la fracción tricolor, aseguró que está impulsando, en conjunto con el Instituto Poblano de la Mujer, el lanzamiento de la “Alerta de Género”, medida de prevención similar a la Alerta Amber para dar aviso a las autoridades de las desapariciones de las mujeres y así emplear este mecanismo alterno como medida preventiva.

“Desde el Congreso, el marco jurídico ya lo adecuamos, ya está armonizado, sabemos que por decreto no podemos terminar con este problema, pero sí hago un llamado a todas las instancias de gobierno y a los padres de familia para inculcar valores”, asentó.

A decir de Céspedes Peregrina, “es importante” que se generen políticas públicas para erradicar más muertes de género, al tiempo de reconocer que los feminicidios ya son un fenómeno en Puebla que se necesita atacar.

“Es importante que se generen políticas públicas adecuadas a este fenómeno que se está dando en Puebla. Ya hay enfrentar este tema, atacarlo; si es necesario hay que analizar la alerta”.

La muerte de Paulina Camargo es el feminicidio 164 que se presenta en Puebla. La adolescente, quien tenía un embarazo de cinco meses, fue supuestamente asesinada por su novio José María Sosa el pasado 25 de agosto, quien presuntamente depositó los restos de la joven de 19 años en un contenedor de residuos en la unidad habitacional La Margarita, pudo haber sido llevada al relleno sanitario de Chiltepeque, aunque el cuerpo aún no ha sido hallado.