El consultor de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Marcel Chalreo, anunció que elaborará un informe sobre la situación de los presos políticos en Puebla con la finalidad de que sea presentado ante la Asamblea General de la ONU, como parte del Caso Mexicano.

Chalreo, que también es presidente de la comisión de derechos humanos de la Orden de los Abogados de Brasil, aseguró que en el informe se contemplarán los datos recabados por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y la Represión en Puebla, los cuales indican que 17 personas presas, 122 procesados, 66 órdenes de aprehensión libradas y 21 que están por verificarse en lo que va de la administración morenovallista.

“Veo una Puebla sin avance para los derechos humanos, más retrocesos y personas detenidas, pero mi verdadera sorpresa fue la revisión de los casos legales, la impunidad para violentar su situación legal incluso con amparos interpuestos. La justicia no es una, hay una lenta para los sectores populares y otra  para los ciudadanos pertenecientes en cúpulas de poder”, sentenció al término del Foro de Evaluación celebrado en la BUAP.

Agregó que el foro tendrá lugar a más tardar en año y medio, sin embargo, aún no está calendarizado, pero no descartó que en este periodo se sigan actualizando las cifras, pues consideró que la situación de detenciones ejecutadas por disentir del gobierno va en aumento.

La 28 de Octubre, estudiantes perseguidos y caso Cholula estarían considerados

En el evento participaron diferentes académicos, activistas y organizaciones, siendo la 28 de Octubre, los siete estudiantes detenidos de la BUAP y el movimiento Cholula Viva y Digna, los que tuvieron la oportunidad de expresar su caso y su situación actual ante el consultor en Derechos Humanos de la ONU.

Tanto la organización de ambulantes como el de las Cholulas, manifestaron la situación que se vive con sus presos políticos, mientras que los universitarios aseguraron que su situación podría sumarse a la de los detenidos si es que la política de persecución contra activistas continúa y la PGJ no cesa en tratar de fabricar pruebas que los inculpen por actos terroristas.