Con una iniciativa a modo y sin la posibilidad de un proceso interno para definir al nuevo fiscal de Puebla, el Congreso del Estado oficializó ayer la transformación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en la Fiscalía General del Estado y la permanencia hasta el 2022 de Víctor Carrancá al frente de este nuevo organismo autónomo, pues durante la sesión dela Junta de Gobierno y Coordinación de ayer presentó la reforma constitucional requerida para la creación del nuevo ente garante del sistema ministerial en la entidad con el aval de todas las fracciones parlamentarias.

Tal y como lo adelantó CAMBIO, el pasado martes los coordinadores parlamentarios plancharon la propuesta que ayer fue expuesta ante el pleno del Legislativo local. En ella, Carrancá Bourget, quien apenas en julio pasado obtuvo su ciudadanía poblana, pasará, en automático, al frente de la nueva Fiscalía de Puebla por un periodo de siete años.

“El procurador general de Justicia que se encuentre en funciones al momento de entrar en vigor las presentes reformas, quedará designado por virtud de este Decreto, fiscal general del Estado por el tiempo que establece el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV del mismo artículo”, estipula el Artículo Segundo Transitorio de la iniciativa.

La nueva Fiscalía General del Estado será “un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos”.

Aspirantes a la Fiscalía

De acuerdo con el documento signado por los ocho coordinadores parlamentarios, una vez concluido el primer periodo del fiscal estatal, se abrirá un proceso interno en el que podrán participar los ciudadanos mexicanos que tengan una licenciatura en Derecho, el cual será conducido por el Congreso del Estado y por el Ejecutivo local.

En este proceso podrán inscribirse los aspirantes a encabezar la Fiscalía General, una vez terminado el registro, el Legislativo remitirá una lista de diez candidatos al gobernador, lo cual a su vez regresa una terna para que los diputados locales aprueben por mayoría calificada  de 30 votos al siguiente fiscal de Puebla.

Con las reformas presentadas, el fiscal poblano presentará anualmente ante el Congreso un informe de actividades. De igual forma, deberá comparecer cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

Gobernador podrá remover al fiscal

La nueva reforma al artículo 97 de la Constitución Política del Estado otorga al gobernador la facultad de remover al fiscal del estado en caso de que este último incurra en “causas graves que establezca la Ley”, y si el Congreso del Estado no hace ningún pronunciamiento al respecto y es rechazado por sus dos terceras partes, la remoción se mantendrá fija.

“El fiscal general del Estado podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezca la Ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso, dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal general del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”, menciona el apartado IV del artículo antes mencionado.

Además, si el Poder Legislativo local no cumple con el proceso en los plazos que establece la reformada Constitución poblana, el gobernador en turno podrá definir de la lista de 10 aspirantes o de la terna al final, al fiscal del estado.

“Si el Congreso no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General del Estado, de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva”.

Carrancá como procurador

La gestión de Víctor Carrancá al frente de la PGJ ha sido de más oscuros que claros, ya que sobre el ex subprocurador del Distrito Federal aún pesa la investigación del caso Chalchihuapan en la que se declaró como la causa de la muerte del menor José Luis Tehuatlie, niño de 12 años muerto por el impacto de un proyectil lanzado por policías estatales durante el enfrentamiento con habitantes de Santa Clara Ocoyucan, la onda expansiva de un cohetón para exculpar al gobierno morenovallista, aunque esta versión fue derrumbada por la CNDH, que señaló como responsables del deceso a los uniformados.

También, el aún procurador poblano no ha resuelto el feminicidio de Paulina Camargo, cuyo cuerpo aún no aparece y la búsqueda sigue dando tumbos. La joven, quien tenía cinco meses de gestación, de 19 años desapareció el pasado 25 de agosto y se presume que fue asesinada por su novio José María Sosa, actualmente preso en el penal de San Miguel por el delito de feminicidio y falsedad de declaraciones.

Aunado a lo anterior, la Procuraduría General de Justicia también ha sido constantemente criticada por organizaciones civiles por no reconocer los más de 60 feminicidios presentados en el actual sexenio de Rafael Moreno Valle, ya que la aún dependencia estatal únicamente contabiliza 14 muertes de odio en contra de mujeres poblanas.

Los puntos

— Podrán inscribirse los ciudadanos mexicanos que tengan una licenciatura en Derecho.

— El fiscal poblano presentará anualmente ante el Congreso un informe de actividades.

— Deberá comparecer cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

— El gobernador tendrá la facultad de remover al fiscal del estado.