Los altos costos y el gran número de requisitos que impone el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), han provocado que tan sólo dos proyectos de radios comunitarias de Pueblahayan logrado ingresar su solicitud para obtener una concesión de radio social que les permita seguir transmitiendo y evitar la persecución política de la que aseguran ser víctimas, por tratarse de medios críticos.

En rueda de prensa, los representantes de Radio Zacatepec y Radio Cholollan, Miguel López y Erick Cóyotl respectivamente, revelaron que ambas se fusionarán para obtener una concesión que requiere una inversión aproximada de 80 mil pesos y que les permitirá darle cobertura a seis municipios, con lo cual buscan una audiencia de hasta 100 mil personas principalmente de zonas indígenas.

“Ya hicimos el trámite, lo hicimos el 26 de noviembre conforme lo solicita en fechas el IFT(...) siguen habiendo altas tarifas para acceder a una concesión, más del 80 por ciento de las frecuencias no pertenecen al pueblo, están en control del estado y lo que pedimos es que el 33 por ciento corresponda al uso social, comunitario e indígena”, señaló López Vega.

El otro proyecto de radio comunitaria en Puebla que logró cumplir con los requisitos es el de Radio Tosepan, perteneciente al colectivo del mismo nombre arraigado en Cuetzalan y que opera comercios autogestivos para vender las cosechas y productos de los indígenas de la zona.

Sufren presión política del edil de Juan C. Bonilla

Por su parte, López Vega indicó que la radio comunitaria de Zacatepec denunció la persecución política que ha sufrido desde el 2014 por parte de Filemón Aguilar, presidente municipal de Juan C. Bonilla, quien a través de denunciantes anónimos los ha acusado de delitos como narcomenudeo, lo cual ha provocado que el local que ocupaban para realizar sus transmisiones vía internet permanezca cerrado desde marzo.

“Una persona anónima declara que radio comunitaria de Zacatepec se dedica al narcomenudeo y entonces hay una orden de cateo en la que nos ponen los sellos –de clausura– y tuvimos que salir de ese espacio (...) mandan a verificar la existencia y localización de sustancias tales como mariguana, cocaína, heroína”, puntualizó.

Finalmente, indicaron que desde el primer operativo en 2014 cuando el IFT les decomisó transmisores y equipos de cómputo, hasta el momento han sufrido afectaciones económicas por hasta 50 mil pesos, las cuales han sido subsanadas gracias a las aportaciones de los pobladores de la zona.