Ante la creciente ola de feminicidios registrados en Puebla, la bancada del Congreso de la Unión del PRD presentó un punto de acuerdo en San Lázaro en el que se denuncia la complicidad, corrupción e indiferencia del sistema de procuración e impartición de justicia del estado ante los 164 asesinatos de mujeres registrados en tan sólo 36 meses y exigieron a diferentes autoridades a que se tomen cartas en el tema.

Los senadores y diputados del partido del Sol Azteca presentaron un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Tribunal Superior de Justicia de Puebla, la Fiscalía General de Puebla y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, eleboraran un diagnóstico sobre feminicidios en la entidad, para llevar a cabo estrategias de prevención, investigación y sanción de dichos crímenes.

En el exhorto se incluye el caso de Olga Nayely Sosa Romero, quien fuera asesinada por su esposo, y se pide que se exija al Juzgado Octavo de lo Penal emita una sentencia acorde con los derechos humanos de la mujeres, y que la Fiscalía General continúe con las investigaciones, que no han presentado avances a más de un año de haber ocurrido el asesinato, a pesar de tener a un culpable confeso con orden de aprehensión.

 “Estos crímenes contra las mujeres se ejecutan en el marco de la complicidad, corrupción e indiferencia del sistema de procuración e impartición de justicia del estado de Puebla”, señalaron los legisladores perredistas.

Olga Nayely Sosa fue ultimada por su entonces esposo, Moisés Torres López, el pasado 9 de junio de 2014; el feminicida confesó el asesinato de su esposa y la inhumación clandestina del cuerpo de la víctima en un paraje de la comunidad de Soto y Gama, ubicado en Huaquechula, en donde la autoridad competente encontró los restos de la víctima.

A pesar de que en el proceso se menciona que el homicida tuvo apoyo de sus familiares para limpiar la escena del crimen, la hija de 4 años de Olga Nayely se encuentra bajo custodia de Moisés Torres Monroy, padre del asesino, por lo que la madre y la tía de la víctima exigen al Tribunal les otorgue la patria potestad de la menor.

Aunado a este caso, los legisladores citaron el de Paulina Camargo Limón, la joven de 19 años con 18 semanas de embarazo, que fue asesinada por su novio José María Sosa Álvarez, que aunque permanece en calidad de detenido, Sosa Álvarez he confesado delito cometido.