Miembros del Movimiento Alternativa Social (MAS), anunciaron que una rebelión fraguada desde el interior de algunas juntas auxiliares podría trabajar en contra de las actividades proselitistas de los candidatos, siendo los abanderados del PAN el principal blanco de esta supuesta embestida.

“Ya hay una rebelión callada, silenciosa, que algunos con valor ya empiezan a hacerlo públicamente como es el caso de los presidentes de las juntas auxiliares”, aseguró Ricardo Jiménez y detalló que en esas localidades hay resistencia en general a la actividad política pero se enfatiza con candidatos de Acción Nacional ya que se encuentran relacionados con la administración morenovallista.

En rueda de prensa, detalló que el próximo proceso electoral podría cobrar factura a los candidatos no sólo con la apatía en las urnas, sino en los recorridos de los candidatos para pedir los votos o en la colocación de propaganda en los diferentes espacios.

Aunque no dieron más detalles sobre el supuesto levantamiento de las juntas auxiliares, figuran casos como el de Canoa, donde la candidata Xitlalic Ceja del Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró entrar sin ningún problema a la comunidad e incluso visitó a los pobladores sin ningún conflicto, hecho que incluso fue presumido en las redes sociales.

Diagnostican descompensación social en foro con académicos

En otro orden de ideas, los activistas hicieron referencia a que los hechos que vive la sociedad y el gobierno actual en todo el país, responde a una lógica de descompensación social donde los poderes fácticos re anteponen en las diferentes escenas del país.

“El Estado mexicano se descompensa, hace que su estructura jurídica no funcione, y utiliza al Ejército para hacer funciones de policías, como pasó en Tlatlaya, en lugar de dedicarse a la defensa de nuestra soberanía”, concluyó el doctor Enrique González Ruiz durante el foro realizado en el en el auditorio del sindicato de la Sección 1 del IMSS el pasado sábado.

Como parte de las conclusiones de este foro, anunciaron que serán enviadas para su valoración a la Comisión Interamericana en Defensa de los Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la presidencia de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.